Ciudad de México. Después de que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum firmó los decretos correspondientes, la Secretaría de Gobernación publicó esta tarde en el Diario Oficial de la Federación tres reformas constitucionales aprobadas recientemente por el Congreso de la Unión y ratificadas por los congresos estatales.
Una de ellas es la reforma a los artículos 4o. y 27 de la Constitución, en los que se garantiza desde la carta magna, las pensiones para adultos mayores a partir de los 65 años en lugar de los 68 años; los apoyos para personas con discapacidad y el derecho a la rehabilitación para menores de edad con discapacidad, las acciones que forman parte del programa Sembrando Vida y la entrega de fertilizantes gratuita para pequeños productores. Con su publicación, entrará en vigor a partir de mañana.
Como lo adelantó desde su conferencia matutina la mandataria, esta tarde también se publicaron dos reformas más.
Con otro de los decretos se modifica al artículo 123 en materia de vivienda para los trabajadores, y se define que todas las empresas, ya sean agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra clase, estarán obligadas, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a sus trabajadores viviendas adecuadas, mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de vivienda.
Se agrega la posibilidad para los trabajadores de acceder a viviendas en arrendamiento social, con un pago mensual que no deberá exceder el 30 por ciento de su salario, y las cuales podrían adquirir posteriormente.
Además, Sheinbaum Pardo firmó el decreto con el que se reforman los artículos 3o., 4o. y 73 constitucionales en materia de protección y cuidado animal, con lo que se prohíbe el maltrato a los animales. A la par, establece que el Estado deberá garantizar su protección, trato adecuado, conservación y cuidado. Los tres decretos fueron publicados en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación.
A la par, se publicó el decreto por el que se crea la Universidad Nacional Rosario Castellanos como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.