En los últimos años los tribunales iraquíes ordenaron centenares de ejecuciones por «terrorismo», en instancias que, según grupos de defensa de derechos humanos, carecen de procedimiento oficial o donde se aceptan confesiones que se sospecha fueron obtenidas con tortura.
En una declaración conjunta el jueves, cinco organizaciones de defensa de derechos humanos y dos militantes pidieron al gobierno iraquí «cesar de inmediato las ejecuciones secretas y la tortura» de los presos.
Pidieron que se realicen «investigaciones sobre las ejecuciones ilegales (…) y las muertes sospechosas en prisión», así como que los presos de la cárcel de Nassiriyah (sur) sean tratados «con respecto y dignidad».
En noviembre, Human Rights Watch acusó a las autoridades iraquíes de haber aumentado «la cantidad y el ritmo de las ejecuciones ilegales en 2024», y les pidió «suspender con urgencia todas les ejecuciones programadas y a declarar una moratoria».
HRW afirmó en ese momento que unas 8 mil personas se encuentran en el corredor de la muerte en Irak.