Sin aplicar un solo protocolo para dar vista a otras instancias y garantizar la integridad del alumnado, la directora de la escuela primaria estatal “José María Martínez Ortega” en Irapuato ocultó el abuso sexual cometido en contra de un niño dentro del plantel, presuntamente por parte de tres niños de un grado escolar superior al de la víctima.
Al intervenir representantes de la Secretaría de Educación del Estado ante la reacción de la madre y otras más que exigían conocer la situación, pretendieron silenciar todo ofreciéndole a la familia una beca y una despensa.
La vida escolar en los salones y patios de la primaria pública “José Maria Martinez Ortega” de Irapuato ya no será la misma.
La situación que se hizo pública después de que ninguna autoridad actuó tras la denuncia de la madre ante la directora y ante la Fiscalía General del Estado (FGE), refiere que el 12 de mayo, en este lugar y durante el turno vespertino, tres alumnos de tercero -niños de nueve años- presuntamente encerraron a un compañero de primero de primaria (de seis años) en el baño de la institución y lo violaron.
La directora Alma Delia Vargas Castro fue omisa en aplicar cualquier protocolo vigente ante esta situación. Cuando la madre -una mujer que no sabe leer ni escribir- acudió al Ministerio Público, el agente la mandó de nuevo a la escuela para pedir a la directora que le diera los nombres de los alumnos presuntamente involucrados en el abuso. Según expuso la mamá del menor, la directora se negó, pero sí le ofreció una beca y despensas “para callarla”.
Fue hasta que, desesperados, la madre y familiares de la víctima se plantaron frente al portón de la institución y expusieron públicamente lo sucedido al menor, que personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) se presentó, la tarde del jueves 20, cuando habían pasado siete días del hecho.
A los familiares se sumó la presión de madres indignadas y molestas que por horas exigieron les dieran la cara la directora. Desde las oficinas centrales, la SEG informó en una ficha que la directora y la maestra a cargo del menor fueron separadas del cargo mientras dura la investigación de lo que eufemísticamente definió como “presunta violencia escolar”.
En la FGE le recibieron a la madre del niño la denuncia penal que interpuso el lunes 16; la mandaron a buscar a la directora para que le solicitara los nombres de los tres menores presuntos responsables, sin ninguna asesoría ni atención psicológica para la víctima, según expuso.
ABUSO Y OCULTAMIENTO
El jueves 12 de mayo, la madre del niño víctima del abuso llegó como cada tarde a esperarlo afuera de la primaria. Cuando su hijo salió, se dio cuenta de que traía la ropa al revés, incluyendo la ropa interior. Al preguntarle, el niño le contó cómo había sido violentado sexualmente en el baño unas horas antes, e identificó a tres niños de tercer grado.
También le contó a su mamá que después de lo ocurrido le habría comentado a su maestra, pero ésta no le tomó atención.
El lunes 16 la mujer presentó la denuncia ante el Ministerio Público. Un examen médico corroboró la violación sexual.
Sus familiares narraron a POPLab que personal de esta misma dependencia le pidieron a la madre que fuera a la escuela y que preguntara a la directora los nombres de los niños que violentaron a su hijo; es decir, que ella indagara los datos de los presuntos responsables.
Así, al día siguiente la mujer llegó a la primaria desde las 14:00 horas y solicitó hablar con la directora Alma Delia Vargas Castro, quien la tuvo esperando hasta las 20:00 horas sin entregarle los datos solicitados. Por el contrario, la directora le ofreció una beca y una despensa a la mamá para que ya no siguiera.
“La mandaron del Cereso [del Ministerio Público] para que fuera con la directora hablar y pedir nombres de los niños [presuntos responsables]. Ella nos comentó que la directora no les quiso dar el nombre de los niños y le dijo que le iba a ofrecer una beca para el niño, además de una despensa para que se callara, yo me imagino; no lo dijo exactamente [la directora] pero al ofrecerlo entonces qué quiere decir”, cuestionó una tía del menor.
Explicó que la madre no sabe leer y escribir, además de que tiene un trastorno del habla. Han sido algunos familiares quienes la han acompañado ante las autoridades.
-¿El Ministerio Público le ofreció apoyo psicológico o asesoría jurídica?-
“No; hasta apenas ayer fue la Secretaria [de Educación Pública, le informó] que le iba apoyar en todo y para el psicólogo del niño”, dijeron los familiares.
Lo ocurrido en la escuela comenzó a difundirse entre los padres de familia, mismos que se pusieron de acuerdo para manifestarse el miércoles 18. Aparentemente, esto obligó a la directora y la maestra a ir a buscar a la madre del niño ese día (a las 22:00 horas) pero no la encontraron; a través de una familiar le informaron que la esperaban en la escuela el jueves 19 y que se llevara su credencial de elector, pero después le mandaron decir que no asistiera.
Sin embargo, ya el martes previo personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato había contactado a la mujer y le aseguró que la apoyaría en todo.
LA INDIGNACIÓN
El jueves 19 madres de familia llegaron a la primaria, mientras personal de la SEG se reunía adentro con la directora y la madre de la víctima; algunas sacaron a sus hijos de la escuela hasta que les den garantías de que sus hijos no corren algún riesgo. Otras, indignadas por la actuación de las autoridades, se plantaron frente al portón principal exigiendo que la directora les diera la cara para saber qué ha pasado con los presuntos responsables, qué medidas tomó y por qué intentó acallar a la madre.
Ante la falta de respuestas, con piedras y patadas intentaron abrir el portón que estaba cerrado por dentro.
Fue así que un funcionario -presuntamente de la SEG, aunque no se identificó- llevó hasta la malla ciclónica a la mamá del menor y a su abuelita para que hablaran con las mamás. Ya en ese momento, tras el encierro con las autoridades, la madre del niño, evidentemente nerviosa y en todo momento con la vista al piso y las manos entrelazadas, aseguró “me están apoyando y que este caso no se va a quedar así; lo que yo ocupe me están apoyando, desde que puse la denuncia el viernes me están ayudando”.
Pero la abuelita del alumno violentado sostuvo ahí mismo que inicialmente la directora “no nos hizo caso. Sí lo ofreció [despensa y beca]”, mientras el funcionario insistía que el ofrecimiento de la beca y la despensa “fue como apoyo”.
Para tratar de calmar la situación, el hombre les dijo a las madres presentes que hicieran una comitiva y entraran para que respondieran sus peticiones. La respuesta fue clara: “queremos que la directora nos dé la cara”.
La directora nunca salió a atender a las madres de familia, pero al final del encuentro se presentaron elementos de la Fiscalía General en la escuela, que la hicieron abordar un vehículo junto con la maestra, en el cual salieron del plantel.
En tanto que el niño y su madre abordaron un vehículo del área de Prevención de la Secretaría de Seguridad Municipal, que según se conoció, los llevaría también a la Fiscalía para continuar con la investigación.
La madre de la víctima solicitó el cambio de escuela del niño “mi niño ya no puede estar en esta escuela” dijo.
“PRESUNTA VIOLENCIA ESCOLAR”: SEG
En una ficha informativa que entregó siete días después de lo ocurrido en esta primaria, la Secretaría de Educación del Estado dio a conocer la separación del cargo de la directora y de la maestra durante el tiempo que se lleve la investigación, y aseguró que sí se aplicaron los protocolos.
A continuación se reproduce el comunicado íntegro de la SEG:
“En seguimiento a la denuncia por presunta violencia escolar en la escuela Primaria José María Martínez Ortega del municipio de Irapuato, la Secretaría de Educación de Guanajuato activó el protocolo de actuación conforme a la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
En apego a los derechos humanos de los menores involucrados, se realiza las investigaciones en el plantel para determinar las responsabilidades para los generadores de la violencia escolar y posibles sanciones por acción u omisión de la autoridad escolar.
De igual forma se acordó el apoyo psicológico y atención médica por parte de la Secretaría de Salud al menor receptor de violencia escolar.
Asimismo, se dio parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor, solicitando su intervención en el ámbito de su competencia.
Atendiendo al principio del interés superior de la niñez, señalado en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se indicó que la persona que se ostenta como directora y a la maestra frente a grupo no estuviera en contacto con los educandos, en tanto se desarrolla la investigación”.