Mientras que un juez federal impedía a la administración de Joe Biden poner fin a la política sanitaria impuesta al inicio de la pandemia por el expresidente Donald Trump, ayer decenas de migrantes de Haití cruzaron la frontera para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza.
Cerca de 200 isleños más llegaron hasta las oficinas de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez, ubicadas en la Catedral, en busca de enlistarse para lograr la excepción del Título 42, donde se les dijo que se les daría preferencia a las mujeres embarazadas y se les advirtió que los albergues ya están llenos.
“Nosotros los haitianos tenemos hasta casi un año aquí sufriendo, sufriendo de hambre, de todo; nosotros nos fuimos de nuestro país por la inseguridad, nosotros no somos delincuentes, nosotros no somos drogadictos, nosotros no somos traficantes, nosotros no somos criminales, ¿y por qué nosotros sufrimos más que todos?”, cuestionó uno de los caribeños antes de cruzar el río Bravo.
Como él, decenas de personas llegaron con mochilas, y en algunos casos con sus hijos en los brazos, hasta el bordo fronterizo, que estaba resguardado por elementos de la Guardia Nacional con el fin de inhibir el cruce de migrantes a Estados Unidos.
Aunque algunos sí decidieron retirarse o buscaron otros puntos para intentar cruzar, decenas más arribaron, corriendo en la mayoría de los casos, para bajar el bordo mexicano y cruzar el cauce casi seco del río.
“Todos tienen derecho de entrar, pero nosotros no. Y aquí hay bebés, hay mujeres embarazadas. Nosotros solamente queremos entrar para buscar protección de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay una guerra de bandas (criminales)”, agregó el haitiano.
Un grupo de aproximadamente 40 personas, la mayoría familias, se entregó a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso mientras éstos mostraban la frontera a un grupo de civiles estadounidenses transportados en una unidad oficial.
Emocionado de estar finalmente en Estados Unidos, uno de los haitianos arribó grabando en un “en vivo” su ingreso a través del río, que en el vecino país es llamado río Grande.
Otra familia preguntaba si cruzando el muro fronterizo ya era Estados Unidos, mientras que otra arribó con sus dos hijos pequeños con dos globos rojos, cuya inocencia contrastaba con el lodo seco en medio del río y los barrotes de acero reforzados por alambre de púas.
Según los últimos datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante abril los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron un incremento del 16.47 por ciento en los encuentros de migrantes en la frontera, al pasar de 25 mil 618 aprehensiones en marzo a 29 mil 838 en abril.
Del total de las detenciones en abril, 11 mil 411 fueron de mexicanos que ingresaron a Estados Unidos por un lugar no autorizado, seguidos de 4 mil 384 cubanos, 3 mil 978 guatemaltecos, 2 mil 511 haitianos y mil 167 brasileños; sin embargo, los agentes estadounidenses han detectado más de 64 nacionalidades entre quienes cruzan la frontera por este sector.
De acuerdo con las autoridades de Ciudad Juárez y El Paso, en las últimas semanas se ha detectado un aumento en el número de migrantes que arriban a esta frontera, quienes hasta ayer tenían la esperanza de que el próximo lunes terminara el Título 42.
El Título 42 es una política sanitaria impuesta por Trump desde el 20 de marzo de 2020, a través de la cual los migrantes son expulsados de manera exprés, sin un procedimiento migratorio, bajo el argumento de que representan un peligro para la propagación del Covid-19 entre su comunidad.
El primero de abril los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, en acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se tomó la decisión de poner fin a la política sanitaria, pero a petición de 24 estados controlados por el Partido Republicano, el juez federal de Louisiana, Robert Summerhays, emitió ayer una orden judicial temporal para bloquear esta acción.
“De acuerdo con el tribunal, los estados demandantes han completado los requerimientos para una orden judicial temporal”, dice el fallo.
La Casa Blanca expresó su desacuerdo con el fallo y anunció que el Departamento de Justicia apelará la decisión, informó su portavoz, Karine Jean-Pierre en un comunicado.
“La autoridad para establecer las políticas de salud pública a nivel nacional debe recaer en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, y no en un único tribunal de distrito”, señaló.
Mientras tanto, el Gobierno de Joe Bien continuará aplicando la medida impuesta por Trump, que de acuerdo con organizaciones de ambos países representa un riesgo para los solicitantes de asilo rechazados y enviados a fronteras peligrosas como Juárez.
Decenas de migrantes de distintas nacionalidades continúan todos los días cruzando por un puerto no autorizado.
“Sabemos que las decisiones que tome el Gobierno de Estados Unidos a veces se encuentran sometidas a los recursos que presentan organizaciones y otros gobiernos, pero había muchas personas que estaban esperanzadas en ello (al fin del Título 42). Sí está pasando que se acercan más personas a la frontera, sí hemos visto un incremento de personas que se acercan a al Centro de Atención Integral para el Migrante buscando algún tipo de servicio”, dijo ayer Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo).
Dijo que el bloqueo anunciado ayer va a causar desconcierto entre quienes tienen meses albergados en esta frontera con la esperanza del fin de la medida sanitaria, por lo que probablemente algunos busquen otras formas de ingresar a Estados Unidos.