Un juez de Texas quiere esperar y ver si el gobierno federal busca la pena de muerte contra Patrick Crusius, el presunto autor de la masacre racista de 2019 en un Walmart local, antes de sopesar un juicio por cargos estatales.
Hace más de tres años que 23 personas fueron asesinadas mientras compraban en la tienda, pero el juez de distrito estatal Sam Medrano dijo el martes que es más apropiado esperar hasta enero, cuando se espera que la fiscalía federal decida si buscará ejecutar al acusado del ataque, antes de que haga decisiones sobre cómo proceder con el caso de asesinato capital de Texas.
“Dependiendo del resultado de la decisión del gobierno federal, estaríamos en una mejor posición para determinar si las órdenes de programación, o un juicio tentativo o incluso una fecha de juicio permanente deben hacerse del lado del estado”, dijo Medrano desde el estrado el martes en una audiencia de estado sobre el caso del estado contra el presunto tirador.
Además de ser acusado de un cargo de asesinato capital en Texas, en el que los fiscales estatales dijeron que buscarían la muerte, Patrick Crusius también está acusado de 90 delitos federales, 45 de ellos son de odio. Un juez federal fijó una fecha tentativa de juicio por esos cargos para enero de 2024.
El caso del estado, por otro lado, ha estado inactivo. Pero ha estado lleno de drama, que a muchos en la comunidad legal les preocupa que debilite el caso de pena de muerte de alto perfil. Tales casos por diseño tienen un extenso proceso de apelación.
La decisión de Medrano de esperar se anunció minutos después de que los fiscales estatales dijeran que necesitaban más tiempo para responder a las denuncias presentadas ante el tribunal la semana pasada de que la oficina del fiscal de distrito de El Paso estuvo involucrada en intimidar a los familiares de las víctimas del tiroteo en Walmart, en un intento por destituir a Medrano del caso.
Medrano e Yvonne Rosales, la fiscal de distrito electa, han discutido en la corte sobre lo que Medrano llamó “grandiosidad” de Rosales y lo que la fiscal consideró parcialidad judicial en su contra, en parte porque es mujer.
Desde que Rosales asumió el cargo el año pasado, ha pasado gran parte de su tiempo rechazando escándalos y acusaciones de incompetencia y mala conducta, que culminaron en una lucha judicial en curso para destituirla de su cargo antes de que expire su mandato en 2024.
Rosales ha estado al frente de cientos de casos penales que fueron desestimados por los jueces después de que su oficina no presentara cargos en seis meses. Y vio a un acusado de asesinato ser liberado de la cárcel porque se descubrió que su oficina había presionado vengativamente por una sentencia de muerte después de que los fiscales no estuvieran preparados para el juicio.
En la acusación de Walt, Medrano la reprendió en una audiencia judicial en julio después de que ella dijo a los medios que esperaba una fecha de juicio el próximo verano, antes del juicio federal, sin indicar que los fiscales habían hecho progresos en el caso.
Más tarde, Rosales retrocedió al buscar sin éxito que Medrano fuera despedido del caso, diciendo que “nunca había sido tratada con tal parcialidad o antagonismo”.
La semana pasada, un nuevo informe presentado en la corte afirma que un juez local con Rosales estaba detrás de misteriosos correos electrónicos que condenaban a Medrano, supuestamente escritos por la familia de una víctima del tiroteo en Walmart.
Más tarde, la familia le dijo a un abogado designado por el tribunal que el juez de la corte municipal Roger Rodríguez, del pueblo de Vinton en el condado de El Paso, “victimizaba continuamente” a la familia mientras decía que actuaba en nombre de la fiscalía, según el informe.
Las transcripciones de audio de las conversaciones que la familia grabó con Rodríguez revelan que la familia dijo que Rodríguez y su esposa enviaron uno de los correos electrónicos desde el teléfono del pariente de la víctima sin que la familia lo leyera primero.
Las declaraciones juradas presentadas con el informe dicen que el miembro de la familia fue amenazado por Rodríguez. Rodríguez no respondió a múltiples solicitudes para discutir las acusaciones.
La oficina de Rosales respondió a las acusaciones en una presentación el martes por la mañana, alegando que la familia había solicitado previamente asistencia para presentar una denuncia contra el comportamiento de Medrano hacia Rosales y querían que se fuera del caso.
El tribunal nombró a un abogado para que representara a la familia en base a la posible violación de los correos electrónicos de su orden de mordaza, emitida en julio después de que Rosales les dio a los medios una fecha esperanzadora para el juicio. Se esperaba que los correos electrónicos fueran el tema central de la audiencia del martes, pero poco después de la medianoche, la oficina del fiscal de distrito presentó una moción para detener los procedimientos sobre el tema.
Medrano le dio al estado 45 días para responder de manera más completa a las acusaciones posiblemente criminales, que también se enviaron al FBI, según el informe.
Rosales no apareció en la audiencia de estado del martes, su oficina representada por Curtis Cox, uno de sus principales asistentes del fiscal de distrito que dirigió el caso de asesinato que, en cambio, fue desestimado por “vengatividad de la fiscalía”.