A través de su abogado César de Castro, el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó al juez que lleva su caso, Brian Cogan, desestimar los primeros cuatro cargos que se le imputaron desde 2019, relacionados con conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos en colaboración con el Cártel de Sinaloa, pues asegura que tras 2012 se retiró del servicio público y el periodo para que prescribieran los delitos de 5 años se cumplió, todo sin admitir de ninguna forma que sí colaboró con el crimen organizado en México.
En la acusación ampliada en su contra, presentada el 30 de julio de 2020 ante una corte de Nueva York, se asegura que García Luna, junto a el ex titular de la División de Inteligencia Policial de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino y el ex titular de la División Antidrogas, Ramón Pequeño, encabezó un esquema de protección para el Cártel de Sinaloa para permitir que traficara más de 50 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos de millones de dólares, desde 2001 hasta la fecha de la presentación de la acusación, es decir, mientras García Luna estuvo en la Agencia Federal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública e incluso ya retirado del servicio público.
“Incluso si él fuera un miembro de las conspiraciones, un argumento que niega vehementemente, su retiro del servicio público en 2012 sirvió como un retiro de las conspiraciones imputadas”, se lee en el memorándum presentado por el abogado de García Luna.
En el documento revisado por MILENIO se explica que la fiscalía estadunidense asegura que las actividades criminales del ex funcionario mexicano se extendieron hasta la fecha de la presentación de la acusación, sin embargo, nunca se ha argumentado una “conducta conspiracional” después de 2012, cuando dejó el gobierno mexicano y se fue a Estados Unidos para comenzar una carrera privada. Y que además, para la fecha de su acusación, el delito ya habría prescrito pues pasó el periodo legal de 5 años.
Así, García Luna solamente busca enfrentar un cargo por mentir a las autoridades migratorias en 2018, lo que le dejaría el camino libre para demostrar su inocencia, pues esta acusación se basa en que habría mentido al declarar que no había cometido delitos cuando solicitó ser naturalizado ciudadano, sin que, además, esto establezca un vínculo con los delitos imputados y amplíe el periodo de prescripción de los mismos.
La defensa del ex funcionario mexicano, además, solicitó una lista a detalle de “conspiradores no mecionados y testigos para el juicio”, para evitar posibles “sorpresas” durante el mismo, debido a que, según la defensa, en toda la evidencia que ha entregado la fiscalía, no han encontrado ninguna evidencia que lo vincule con los crímenes imputados. Y es que las autoridades estadunidenses no planean descubrir su estrategia y sus testigos hasta poco antes de que inicie el juicio.
La defensa solamente está al tanto de la participación de Jesús Reynaldo El Rey Zambada, quien en 2019 durante el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán aseguró haber entregado hasta 8 millones de dólares en dos maletines a García Luna para asegurar protección para el Cártel de Sinaloa, mientras García Luna estaba tanto en la Policía Federal como en la Secretaría de Seguridad Pública. Asegura que no hay evidencia de “pagos, envíos, recursos lavados o incluso órdenes dadas por el señor García Luna.”
La defensa cree que la fiscalía podría estar utilizando información y testigos que participaron en los casos contra Joaquín El Chapo Guzmán, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos y el alto mando de la Policía Federal, Iván Reyes Arzate, por lo que solicitó que se le entregue esa información. También quieren conocer evidencia recabada derivada de reuniones de García Luna con altos mandos del gobierno estadunidense entre 2001 y 2012, entre ellos el propio presidente Barack Obama en 2009, la secretaria de Estado Hillary Clinton en 2012 y la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano, en 2012.