Varios políticos y autoridades de Perú han aparecido por error como fallecidos en la página del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), gestionada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), informaron este viernes medios locales.
El primero en aparecer como difunto fue Alejandro Sánchez, dueño de la casa de Sarratea en Breña, donde presuntamente el presidente de Perú, Pedro Castillo, mantenía reuniones extraoficiales. Según el Sinadef, el propietario del inmueble se suicidó el pasado 11 de octubre en el caserío Ojo de Agua, en la provincia de Chota. No obstante, al cabo de unas horas se modificó la información y volvió a constar como vivo.
Posteriormente, se supo que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, también figuraba como fallecida en esa base de datos estatal, información que el Ministerio Público negó detallando que el sistema había sido manipulado.
Incluso el propio Castillo constaba como difunto en la base de datos nacional. El certificado de defunción falso señalaba que el jefe de Estado murió “decapitado” el pasado 25 de septiembre en el Palacio de Gobierno, ubicado en Lima.
“Rectificación inmediata”
La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también apareció como fallecida en el mencionado registro, supuestamente perdió la vida el pasado 12 de febrero en el distrito de Limabamba, en la provincia de Rodríguez de Mendoza. La política envió una carta a Carmen Velarde Koechlin, jefa del Reniec, para solicitar la “rectificación inmediata” de sus datos personales.
Desde el Reniec emitieron un comunicado para anunciar que, debido a los casos de certificados de defunción irregulares, han tomado la decisión de cancelar los accesos de todos los usuarios de médicos autorizados por el Ministerio de Salud del Perú al Sinadef, por lo que a partir de ahora ese tipo de documentos solo se emitirán de forma presencial ante una oficina estatal.
Asimismo, el organismo indicó que ha formalizado la denuncia penal ante el Ministerio Público en relación con 47 casos de emisión irregular de certificados de defunción, detallando que las autoridades competentes ya han abierto una investigación para esclarecer los hechos y determinar los responsables.