Residentes de comunidades en estados limítrofes con México y organizaciones de derechos humanos participan este Día de Muertos en diversas actividades en memoria de los cientos de migrantes que han muerto al cruzar la frontera.
Al menos 860 perdieron la vida en el año fiscal que terminó en septiembre pasado, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por su sigla en inglés) encabeza una procesión y vigilia con residentes de comunidades de Texas y Nuevo México en El Paso (Texas).
De igual forma, la Coalición de Derechos Humanos de Arizona organiza con varios grupos la instalación de un altar de muertos en memoria de más de 3 mil muertos en la frontera desde el año 2000, según calculan esas organizaciones.
La idea es honrar y recordar a aquellos que fallecieron en su búsqueda de seguridad o una mejor vida en Estados Unidos.
“No nos equivoquemos. Estas muertes no son circunstanciales ni exclusivamente accidentales, sino que se deben a mal concebidas estrategias y operaciones de control fronterizo que desvían los flujos migratorios de áreas metropolitanas pobladas hacia regiones aisladas de la frontera”, declaró Fernando García, director ejecutivo de BNHR.
Sostuvo que operaciones como la denominada “Hold the Line” (Defender la Línea) en el Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza y “Gatekeeper” (Portero) en el Sector San Diego (California) “empujan a los migrantes hacia desiertos remotos, montañas y ríos, donde están expuestos a deshidratación, ahogamiento e hipotermia a lo largo del año”.
García añadió que “el Gobierno de Estados Unidos, incluyendo al Congreso y a la Administración del presidente Joe Biden, ha fracasado continuamente a la hora de arreglar nuestro descompuesto sistema de inmigración y aprobar e instrumentar una reforma migratoria amplia y racional”.
“En vez de ello, el debate migratorio ha sido secuestrado por extremistas republicanos que promueven el odio, la xenofobia y el racismo”, dijo.
Citó el caso de los hermanos Michael y Mark Sheppard, a quienes describió como “supremacistas blancos”, acusados de matar a un migrante y dejar herida a una mujer migrante el pasado 27 de septiembre en Sierra Blanca (Texas).
Por su parte, la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur (SBCC) hizo un llamado a la Administración Biden y al Congreso para que pongan fin a políticas que “endurecen” la frontera Estados Unidos-México y fuerzan a un creciente número de personas que buscan seguridad hacia situaciones letales.
La organización citó en un comunicado datos divulgados recientemente por CBP según los cuales la cifra sin precedentes de 853 personas murieron cruzando la frontera en el año fiscal 2022, que terminó el pasado 30 de septiembre.
Apuntó que en el año fiscal 2021 también se había registrado un número récord (546) de personas que fallecieron en la tentativa.
“Nuestras políticas fronterizas matan gente. Es inaceptable que cada año, personas que sólo buscan seguridad o una vida mejor mueran en números crecientes en la frontera sur. Y es inaceptable que nuestro gobierno no haga nada para evitar esas muertes y, de hecho, siga aplicando políticas que contribuyen a esas muertes”, dijo Alba Jaramillo, copresidenta de SBCC.
“Este es un asunto de derechos humanos que ha sido ignorado durante demasiado tiempo”, agregó Jaramillo, quien es también codirectora de National Justice For Our Neighbors.
A su vez, Lilian Serrano, copresidenta de SBCC lamentó que hay una “veda abierta al asilo en nuestra frontera sur”.
Condenó otras políticas de “prevención a través de la disuasión”, que considera son responsables de un creciente número de muertes de personas que buscan seguridad y una vida mejor.
Serrano hizo un llamado al Congreso y a la Administración Biden a “detener inmediatamente estas políticas dañinas y ofrecer un proceso humano u ordenado para todas las familias, niños y personas que necesitan protección”.