De manera sorpresiva el principal fiscal local en el proceso penal contra el presunto tirador de Walmart, Patrick Crusius, se retiró del caso el jueves por la mañana, lo cual pone presión y aumenta las dudas sobre si el juicio por la masacre más grande en la historia de El Paso se realizará conforme a lo planeado.
En una carta enviada el jueves al juez Sam Medrano –quien preside el caso–, Curtis Cox, fiscal asistente del Distrito de El Paso, advierte su renuncia con carácter de inmediato. periodico local posee una copia de la misiva.
En la comunicación por escrito, Cox señala que “aunque no es la práctica común que un fiscal asistente del Distrito 34 se retire de casos específicos, lo hago aquí respecto al asunto arriba mencionado, siendo efectivo de manera inmediata”.
Con la salida de Cox –que había asignado por la fiscal de Distrito (DA) Yvonne Rosales– no queda claro quién manejará la parte acusatoria en el juicio por el asesinato más grande en la historia de El Paso.
La salida de Cox del caso marca el segundo cambio de fiscal principal en el proceso de más alto perfil en la historia de El Paso en menos de dos meses y medio.
El retiro de Cox se produce dos días después de que la fiscal del Condado, JoAnne Bernal, presentara una carta en que ratifica su intención de proceder en la destitución de la fiscal de Distrito Yvonne Rosales, quien fue electa para el cargo, y a quien se le acusa de incompetencia.
En su carta, Cox solicita al juez y a la Corte que todas las comunicaciones y presentaciones de ahora en adelante le sean referidas de manera directa a Rosales.
Patrick Crusius enfrenta múltiples cargos de asesinato capital en el asesinato de 23 personas el 3 de agosto de 2019 dentro del Walmart de Cielo Vista. A principios de este año se fijó la fecha del juicio en un tribunal federal para enero de 2024, y la fecha límite para que la Fiscalía federal decida si buscará la pena de muerte se estableció para enero de 2023.
La fiscal de Distrito Yvonne Rosales ha manifestado su intención de solicitar la pena de muerte para Patrick Crusius en el caso del fuero común. No obstante, la salida del fiscal asistente Cox del caso prende focos rojos sobre si la Fiscalía de Distrito liderada por Rosales tiene la capacidad de perseguir un caso de tal envergadura.
Hace unas semanas, Rosales anunció que había pedido el apoyo de la Fiscalía General de Texas para coadyuvar en el caso Crusius, solicitud que le fue denegada por la oficina que dirige Ken Paxton.
Rosales, quien será juzgada por incompetencia, en un proceso judicial raramente aplicado en Texas para un fiscal de Distrito, ha tenido serios problemas en el manejo de personal asignado al caso Crusius.
El fiscal asistente asignado al juicio de Walmart, John Briggs, fue despedido por Rosales el 22 de agosto, y la fiscal especial Mónica Barrón-Auger, quien fue contratada para trabajar en el caso a principios de ese mes, también presentó su renuncia en la misma semana.
Más tarde, Briggs testificó bajo juramento que fue despedido sólo dos días después de acercarse a los líderes de la Oficina del Fiscal de Distrito con la preocupación de que una serie de correos electrónicos, que supuestamente provenían de la familia de una víctima de la masacre de Walmart, en realidad provenían de la oficina del fiscal.
El 6 de octubre, el abogado Justin Underwood presentó un informe ad litem en nombre de sus clientes, la familia de Alexander Gerhard Hoffmann, una de las víctimas de la masacre, acusando al abogado personal de Yvonne Rosales, Roger Rodríguez, de manipular testigos.
En el informe, Underwood afirma que Rodríguez intimidó a los Hoffmann para que aceptaran enviar correos electrónicos atacando a los opositores políticos de la fiscal de Distrito Rosales. El informe de Underwood indica que los Hoffmann se habían comunicado con el FBI sobre posibles acciones criminales de Rodríguez y personas relacionadas con la Oficina del Fiscal de Distrito.
Curtis Cox también estuvo involucrado anteriormente en la desestimación de un caso de asesinato capital a fines de 2021, que es uno de los casos presentados en la petición de destitución de la fiscal de Distrito Yvonne Rosales. En ese caso, Cox está acusado de venganza contra el acusado, Iván Gabaldón. La jueza Alyssa Pérez finalmente desestimó el caso de asesinato en un fallo polémico.