La Cámara de Diputados declaró esta tarde la constitucionalidad de la reforma que extiende la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguidad pública en el país hasta el 2028.
La constitucionalidad de la reforma se da luego de que 20 Congresos locales avalaron las modificaciones al Artículo Quinto Transitorio de la Constitución en materia de Guardia Nacional. Ahora, la aprobación se remitió al Senado y luego el Ejecutivo Federal podrá publicar el decreto para que entre en vigor.
Pese a la extensión, el tema de declarar la validez de ampliar el plazo del Ejército y la Marina en tareas de seguridad no estaba programado en la orden del día de la sesión de este martes.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, no dio alguna declaratoria, ya que sostuvo un encuentro en la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), por lo que el trámite estuvo a cargo de la morenista Karla Yuritzi Almazán.
Durante los posicionamientos, en los que no tomó la palabra el PRI, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, le recomendó a la mayoría en San Lázaro “no cantar victoria”, ya que “la militarización de la seguridad pública es la derrota del legado que el PRI le dejó al Estado mexicano: la separación del poder civil sobre el militar”.
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También el emecista advirtió que aún falta por agotar la vía judicial y anunció que agotarán todos los recursos a su alcance para defender el Artículo 21 de la Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil.
Álvarez Máynez acusó un albazo de la mayoría, recalcando que el tema no estaba en la agenda del día, e insistió en su crítica al PRI por ser la única bancada de oposición que suscribió, junto con Morena, PT y PVEM, el oficio en el que se solicita su inclusión.
Por su parte, el petista Gerardo Fernández Noroña acusó al presidente de la mesa directiva, Santiago Creel, de ser el impulsor de la posición facciosa de su partido y como ejemplo recordó que Guanajuato votó en contra la reforma, pese a que es la entidad más violenta y la que más homicidios reporta al año.
En ese sentido, el panista Ricardo Villarreal le contestó que los cinco estados más violentos de la República son Colima, Zacatecas, Baja California, Sonora y Morelos, todos gobernados por Morena.
Villarreal celebró que la declaratoria de constitucionalidad se realizara este martes cuando inicia la discusión del Presupuesto de Egresos 2023, porque esto obligará a la Cámara de Diputados a asignarle recursos al fondo creado por la reforma para fortalecer a las Policías civiles en los estados y municipios.
Finalmente recordó que los recursos considerados para este instrumento equivalen a 17 mil millones de pesos, que resultan de sumar las diferencias entre los presupuestos de 2022 y 2023 de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina.