Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, fue vinculado a proceso como presunto responsable del delito de desaparición forzada de personas, una demanda que exigían los familiares de las víctimas de desaparición.
Quien fuera Gobernador de Veracruz de 2010 a 2016, se encuentra preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, pero faltaba ser procesado por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, pues durante su administración ocurrieron gran número de violaciones a derechos humanos.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz, encabezada Verónica Hernández Giadáns, informó que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas que se obtuvo la vinculación contra el exmandatario.
“Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, se presentó vía remota ante el juez de Control y Enjuiciamiento Adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, en audiencia inicial donde se realizó la imputación y al renunciar al término constitucional, fue dictado auto de vinculación a proceso imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria”, informó la Fiscalía de Veracruz a través de redes sociales.
Rosalía Castro, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz, dijo el pasado 21 de octubre en una entrevista con “Los Periodistas” que la exigencia de los colectivos era que el exgobernador también fuera juzgado por desaparición forzada.
“Nosotros queremos que se procese a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada y delitos de lesa humanidad porque la mayoría de las desapariciones fueron en su periodo, en su periodo se encontró la fosa hasta ahorita más grande América donde se encontraron 151 fosas con 352 cuerpos y se han identificado 40”, indicó la madre buscadora en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.
Rosalía Castro, quien busca a su hijo Roberto Carlos Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011, afirmó que durante el Gobierno de Javier Duarte se implementaron diversos operativos de seguridad los cuales sirvieron como excusa para cometer diversos delitos en contra de personas inocentes.
Un romance que nació en el set: esta es la historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem
“En Veracruz en su periodo se implementaban los operativos de ‘Guadalupe-Reyes’, de ‘Veracruz Seguro’ y de la ‘Cumbre Tajín’ […] Esa es la pregunta que nos hacemos, por qué desaparecer en los dichosos operativos que se establecían durante el periodo de Javier Duarte de Ochoa, a todo chico que encontraban en la calle se lo llevaban. Hay casos que no encuentra uno la razón por la cual se lo llevaron”.
Organizaciones civiles como el Colectivo Solecito de Veracruz han llevado ante la Corte Penal Internacional de La Haya, en Holanda, 22 casos de desaparición forzada ocurridos entre 2012 y 2016 en el Gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
Los casos seleccionados, en los que se encontraron elementos comunes y patrones que implican la participación de actores estatales, son una pequeña muestra de los horrores cometidos durante la gestión del priista, que alcanzaron a niños, mujeres, estudiantes.
Durante el gobierno de Javier Duarte, las autoridades estatales fueron acusadas en reiteradas ocasiones de cometer numerosos crímenes y violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, se ha documentado durante este periodo una situación de colusión entre el crimen organizado y funcionarios estatales, muchos de los cuales han sido imputados por el delito de corrupción o enriquecimiento ilícito e incluso desaparición forzada. Pese a ello, Duarte siempre negó que se cometieran violaciones a derechos humanos en su Gobierno.
Ante esta situación, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC (IDHEAS), y el colectivo Solecito presentaron un informe ante La Haya, en el que acreditaron que los casos que sustentan su demanda, cometidos entre noviembre de 2012 y julio de 2016, implican crímenes de lesa humanidad:
“Cada una de las 22 víctimas fue detenida por la Policía Estatal o Ministerial de Veracruz, en la mayor parte de los casos fueron trasladados en vehículos de la fuerza pública, con uso de la fuerza o de armas, y los hechos ocurrieron en una zona urbana de la ciudad de Veracruz o localidades cercanas, luego de los cuales sus familiares no volvieron a tener noticias de su paradero o las personas fueron encontradas en la fosa clandestina ubicada en Colinas de Santa Fe. Después de cada acto de desaparición forzada, la Fiscalía Estatal de Veracruz no realiza una investigación imparcial ni eficiente, a pesar de las denuncias realizadas por parte de los familiares”, indica la versión pública del Informe presentado por las organizaciones.
El reporte da cuenta que de esas 22 víctimas siete fueron encontradas junto a otros 298 cuerpos en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, localizada por madres buscadoras del colectivo Solecito en 2016, quienes tiempo después encontraron otro entierro clandestino en el El Arbolillo, en donde se han podido identificar 310 cuerpos, gracias al trabajo de las familias de las víctimas. De los otros casos, nueve son víctimas desaparecidas en la colonia Formando Hogar, en ciudad de Veracruz, en medio del operativo “Guadalupe Reyes”; y otras seis víctimas desaparecidas en la ciudad de Veracruz. Todos fueron documentados por los colectivos Solecito y Red de Madres de Veracruz.
La activista indicó que no sólo Javier Duarte debe de ser juzgado por estos delitos, sino también miembros de su gabinete como su exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermudez Zurita y todos sus colaboradores cercanos.
“El principal personaje criminal que daba las ordenes era Arturo Bermudez Zurita, exjefe de policía, estuvo preso pero ya salió. Queremos que La Haya con los casos sólidos juzgue a Javier Duarte por desaparición forzada, por delito de lesa humanidad pero también queremos a sus colaboradores”.
Finalmente, Rosalía Castro reiteró que una vez que Duarte cumpla con su sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa deberá ser juzgado por delitos de lesa humanidad.
“Él (Javier Duarte) se sentía intocable, por eso nosotros no vemos con buen agrado que esté por enriquecimiento ilícito, debe de estar juzgado por crímenes de lesa humanidad”.