Hay en Oaxaca, en la región de Valles Centrales, una efervescencia soterrada por sembrar legalmente cannabis.
Activistas, expertos, agricultores, amas de casa, individuos, comunidades: todos se organizan, piden informes, organizan foros, alzan la mano, se capacitan.
Nadie quiere quedarse atrás en lo que promete ser un gran negocio, equiparable al del mezcal, bebida de la que el estado, por ejemplo, genera más del 80 por ciento de la producción nacional y que en un lustro (2014-2019) pasó de embotellar 1.4 millones de litros a 7.4 millones, la mayoría para exportación.
Y mientras a nivel federal la elaboración de reglas secundarias para el uso lúdico de la cannabis se atora en una red de intereses y burocracia, dificultando otros usos de la planta, en lo local organizaciones, productores y comunidades avanzan en paralelo para estar listas cuando el mercado especializado en el uso farmacéutico se abra.
Un mercado con valor potencial, según los especialistas, de entre 600 y 700 millones de dólares anuales.
Máxime, cuando -como reportó MILENIO- “la legalización de la mariguana recreativa (en Estados Unidos) y la supercalidad” de la hierba que se produce en territorio estadunidense, han provocado que el tráfico de mota de México hacia la Unión Americana se haya desplomado 58 por ciento en los últimos tres años.
“Viene una ola verde de cambio y México tiene que estar preparado”, dice el ingeniero agrónomo Daniel Ramírez, investigador de las propiedades y potencial económico de la planta.
Por la carretera a Puerto Escondido, a casi dos horas de la capital oaxaqueña, se encuentra la agencia municipal de San Pablo Güilá.
Poco antes de llegar al pueblo, los domos de los invernaderos para la siembra de jitomate dominan el paisaje del valle.
Luego, sobre la carretera, aparece el moderno acceso a San Pablo, como si se tratara de la entrada a un fraccionamiento.
Aparece un par de camionetas de la policía comunitaria, cuyos agentes requieren las identificaciones de los visitantes, a pesar de que llegan acompañados de guías locales, y los escoltan hasta el centro de la población.
La seguridad se reforzó después de la pandemia, explica Roberto Cruz Gómez, dirigente de la Asociación Indígena de Productores de Cannabis (AIDPC), lo que les permite “ver quiénes entran a la comunidad y eso nos brinda seguridad a nosotros, más en esta actividad que estamos encabezando.
Todas las personas que se integran a la AIDPC tienen claro que lo que ellos buscan es seguridad.
Las personas que se asocian quieren de este mercado que sea seguro, que sea legal y que puedan realizarlo en su terreno, sin que sean molestados por ninguna autoridad o por ninguna otra persona”.
Creada en enero de 2020, la AIDPC está integrada por habitantes de San Pablo Güilá, San Dionisio Ocotepec, San Nicolás Yaxe y diferentes rancherías, todas ellas comunidades zapotecas que se rigen por usos y costumbres.
La región tiene una larga relación con la planta de la mariguana.
“Sería una mentira ocultarlo, asegura el diputado Horacio Sosa; en Oaxaca hay muchas comunidades que se han sostenido de la siembra de la cannabis, durante muchos años. Y bueno, vemos que el campo, el maíz, no han tenido ni subsidios ni los apoyos necesarios para que nuestros agricultores siembren semillas como el maíz. Entonces ha sido una alternativa sembrar la mariguana”.
La declaración del legislador la respalda don Juan, quien confiesa en su lengua indígena: “Ojalá esta actividad se regule; yo he sembrado desde el (19)88, 89, con la intención de ganar unos pesos para poder mantener a mi familia y a mis hijos. Cultivé e intenté ganar con esta actividad. Sin embargo, el precio de la cannabis nunca ha sido bueno. Esto que ustedes ven es mi casa, lo que yo he construido y yo quiero en esta actividad empezar a ganar”.
El 13 de abril pasado, la asociación obtuvo 26 permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para el manejo, selección y cultivo de la cannabis para fines medicinales.
En dos años, explica Cruz Gómez, hemos logrado que “cada uno de los miembros de la AIDPC tenga una autorización sanitaria que les permite tener en su domicilio cannabis para uso personal. Lo que estamos haciendo actualmente es educar a los productores para que perfeccionen su técnica de cultivo, prepararlos para que cada uno de ellos pueda mostrar la trazabilidad de su cosecha, todo esto en una cama de cultivo en un huerto de traspatio, en donde cada uno de los miembros tiene seis plantas”.
“La finalidad es llegar a obtener una licencia de cultivo de mil metros cuadrados que nos permitan ejercer ya esta actividad como algo real. Y ya al final, en algún momento tener una licencia de cultivo que les permita tener un invernadero con mil, dos mil plantas, y poder hacer de esa actividad económica su fuente principal de ingresos.
“Nosotros ya tenemos todas las condiciones necesarias para abrir este mercado. La AIDPC está integrada por socios, pero a su vez está compuesta por Sociedades de Producción Rural (SPR), empresas que ya todas tienen su RFC como personas físicas o morales, cuenta de banco; básicamente estamos esperando las reglas secundarias para empezar a producir. Nosotros estamos listos y estamos esperando a que el gobierno federal actúe en este sentido”.
Efectivamente, explica el abogado Eudaldo Rodríguez, asesor legal de la AIDPC, “aunque la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvió y publicó en julio del 2021, la declaratoria general de inconstitucionalidad Q/2018, que permite a todos los mexicanos realizar actividades legales con cannabis, como siembra, cosecha, cultivo, acondicionamiento, reparación y transporte en todo el territorio nacional, esta declaratoria habla de un autoconsumo, que no necesariamente tiene que ver con fumar.
Un autoconsumo con fines medicinales, un autoconsumo con fines alimentarios y nutricionales; incluso se están sacando fibras para crear telares y cuestiones similares.
Sin embargo, hace falta que la Cofepris emita un reglamento secundario con los lineamientos para que los usuarios de usos adultos de cannabis, puedan acceder a semillas o a material vegetativo programático y no lo ha hecho.
Necesitamos que ellos emitan estos reglamentos, para que los productores agrícolas puedan realizar labores de negocio, vendiendo estas flores, este cultivo, este extracto, a empresas que quieran hacer derivados fármaco biológicos”.
“Necesitamos que el gobierno deje de entorpecer”
Visitamos un par de casas del pueblo para constatar que, efectivamente, en los clásicos solares o enormes traspatios de los predios, están las camas de cultivo con seis matas de cannabis sembradas. Alcanzan apenas una altura de 10 centímetros. Tienen marcados los nombres de las semillas de las que provienen.
Cuando se abra el mercado, los productores deben entregar la trazabilidad de los cultivos, esto es, todos los datos de origen, siembra, tiempo de crecimiento, abonos, etcétera, a las farmacéuticas que los vayan a comprar. Mientras esperan que el elefante reumático de la burocracia se mueva, los próximos productores de cannabis se preparan, aprenden a cultivar en condiciones controladas, se capacitan para rellenar formularios.
De regreso a la ciudad de Oaxaca, vamos al vivero que el ingeniero Daniel Ramírez ha instalado en la azotea de su casa. Ahí hay varias decenas de plantas-madre de cannabis, clasificadas, monitoreadas. En la sala, en un rústico refrigerador, hay varios injertos provenientes de las plantas-madre del invernadero. Cuando los injertos echan raíz, se trasladan a los traspatios de las casas de San Pablo Güilá.
“Hemos ido avanzando, estamos acorde con la ley, pero necesitamos que legisladores y gobierno dejen de entorpecer. ¡Nada más los estamos esperando!”, concluye.
-¿Cómo se imagina que va a ser este negocio cuando lo autoricen?, le pregunto al viejo Juan Cruz López.
“Queremos creer en esta actividad; agradezco a dios la oportunidad que me da de estar presente en este momento. Siempre he tenido este sueño y quiero impulsarme con esta actividad para poder crecer como persona”.