El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar demandó una “profunda investigación” sobre la actuación de funcionarios judiciales, estatales y hasta de un notario en la operación “irregular” ejecutada por el exgobernador Javier Corral Jurado para hacerse de un terreno de 277.64 metros cuadrados.
El exmandatario estatal se hizo de ese predio siendo gobernador del Estado en 2018, tras una subasta y remate señalados tan irregulares que no los ha podido inscribir en el Registro Público de la Propiedad.
Pérez Cuéllar presentó el pasado domingo una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte contra Corral Jurado por los delitos de defraudación fiscal y falseamiento en declaraciones, con el fin de defraudar al fisco en el caso de esa operación inmobiliaria.
“Se precisa que la conducta que se le atribuye a Javier Corral Jurado, a reserva de haber corroborado su veracidad, es haber comprado un bien inmueble excluyéndolo en sus declaraciones, así como de los bienes registrados a su nombre en el Registro Público de la Propiedad con el fin de evitar pagar el monto correspondiente por el impuesto sobre traslación de dominio en favor del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua”, señala la denuncia.
El notario que certificó la compraventa entre un particular, Ricardo Álvarez Chabre, y Corral Jurado, posteriormente se negó a protocolizar la escritura, aparentemente por las irregularidades en la subasta y porque luego fue interpuesta ante los juzgados una demanda de juicio intestamentario por uno de los herederos.
Se trata del notario número 3, Javier Ignacio Camargo Nassar. Como uno de los testigos del contrato de promesa de venta aparece el amigo de Corral, regidor y su exvocero en parte de su administración, Enrique Torres Valadez.
En el historial del expediente 787/92, que contiene todo el juicio mercantil respectivo (del cual obra copia legal en El Diario), al final, aparece el oficio fechado el 15 de octubre del 2018, firmado por el notario Camargo, dirigido al juez primero de lo civil en Juárez, José Luis Ruiz Flores.
Le informa el notario al juez que le devuelve el expediente señalado “sin haber otorgado la escritura ordenada en autos”.
El juicio contra uno de los tres herederos del predio fue promovido por un banco el 13 de octubre de 1992 y en mayo de 1995 fue ordenado un remate que finalmente no fue ejecutado.
Casi 23 años después, el 14 de agosto del 2018, fue reanudada la actividad en el expediente. De hecho inició en el Juzgado Cuarto Civil, pero luego fue llevado al Juzgado Primero, cuyo titular fue Ruiz Flores. Murió meses después de ordenar el remate.
La notificación al demandado en el juicio, Sergio Pérez Muñiz, fue llevada a cabo dos años después de haber fallecido.
A pesar de que el terreno sigue a nombre de la mamá y una hermana de Sergio Pérez Muñiz, el juez no desarrolló el proceso de nombrar un albacea y determinar el 33 por ciento, que, en todo caso, pudo ser embargado, sin tomar en cuenta posibles prescripciones del embargo.
Como consecuencia de ese remate, fue interpuesta una demanda de juicio intestamentario sobre el mismo predio por uno de quienes se consideran herederos, nieto de la primera heredera. Sigue vigente el expediente 473/19.
También fue iniciada una investigación sobre ese expediente por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado, cuyos resultados son desconocidos.
El 11 de octubre de 2019 compareció ante el juzgado sexto civil, cuyo titular era Alessio Arrayales Duarte, la directora de Procesos de Investigación de la Secretaría de la Función Pública, María Antonieta Arreola Valenzuela, para solicitar copia de la demanda de juicio. Le fue entregada “en 14 fojas útiles”.
Todos esos “detalles” que obran en los antecedentes de esa operación llevada a cabo por el exgobernador Corral deben ser investigados por las instancias correspondientes. “Sin duda el huevonazo de El Paso urdió todo un entramado para apropiarse ilegalmente de un terreno que debiera cargar en su conciencia. Sin duda debe ser castigado por ello”, dijo ayer el alcalde Pérez Cuéllar.