El decreto presidencial que prohíbe la comercialización de vapeadores y cigarros electrónicos derivará en una lluvia de amparos por parte de las empresas afectadas, advirtieron especialistas e industriales.
En entrevista con MILENIO, Cecilia Stahlhut, especialista en temas regulatorios de la firma Hogan Lovells, expuso que existen 30 países donde están prohibidos los vapeadores, pero existen otros donde buscaron regularlos, como Canadá, Chile y Costa Rica, entre otros.
Opinó que la medida impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador “es un decreto mal fundamentado, hecho al vapor, el cual tiene básicamente artículos que no son claros.
“Si bien ya existía un mercado desregulado… ahora se está llevando a un extremo, vamos a seguir viendo vapeadores y comercializando, pero ahora en la calle, en redes sociales”, advirtió.
Dijo que en México existen unos 1.5 millones de usuarios de esos productos e incluso aumentaron durante la pandemia.
Sobre cuál es el camino que tienen las empresas para contrarrestar el decreto, la especialista estimó que en las siguientes semanas habrá “una lluvia de amparos” en el país.
Incluso comentó que existen las condiciones para llevar el tema a arbitrajes internacionales y presionar al gobierno mexicano.
El titular de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera, señaló que ese sector ha logrado conseguir un padrón de más de un millón de mexicanos que vapean, de los cuales la mayor parte son adolescentes.
“Lo que acaban de hacer con el decreto es que pasaron esos productos al mercado negro”, lamentó.
Resaltó que con la prohibición se encarecerán esos productos y al carecer de una regulación “no habrá control de calidad… lo que afectará la salud de las personas”.
Rivera explicó que los puntos de venta de los vapeadores son locales pequeños, islas en centros comerciales, “lugares especializados y, sobre todo, en las redes sociales, como Facebook. Con el decreto desaparecen los puntos de venta fijos, pero aumentarán los virtuales”.
Mientras, el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) rechazó la prohibición de vapeadores y adelantó que analizarán “los recursos legales disponibles para construir su defensa”.
Sin embargo, aclaró: “nuestro mayor interés es construir un diálogo transparente con autoridades, legisladores y sociedad civil para que la evaluación objetiva de la evidencia disponible sea el fundamento de cualquier decisión”.