Empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua han actuado fuera del marco legal y utilizado sus cargos públicos para lucrar con ciudadanos que han sido deportados de Estados Unidos o que aspiraron a ingresar de manera indocumentada, acusó el abogado Jorge Vázquez Campbell, uno de los litigantes que ha llevado ante la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República las actuaciones irregulares del personal de la dependencia federal.
Señaló que al instituto le urge una reestructuración a fondo y que sus titulares adopten verdaderas medidas humanitarias.
Para esta semana y de acuerdo con lo anunciado por el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, se espera la visita del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, a las estaciones migratorias en Chihuahua para verificar las condiciones en las que operan y además se nombre al nuevo titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, cargo que permanece acéfalo desde hace varias semanas.
“Ojalá que tome conocimiento de toda la red de corrupción que mantienen ahí los mandos”, dijo Vázquez Campbell al tiempo de mostrar fotografías de las condiciones de hacinamiento que padecen migrantes tras ser “rescatados” y “asegurados” por corporaciones policiacas y entregados ante el INM.
Para el litigante, la corrupción interna está relacionada con la delincuencia organizada y es necesario que autoridades intervengan de manera inmediata.
“Como otros ejemplos de las actuaciones irregulares que él ha documentado expuso que Estados Unidos diariamente envía entre 10 a 15 migrantes y el personal del INM los lleva a la estación migratoria, contigua al puente de la avenida Lerdo. Los que llegan ya ‘recomendados’ por los ‘coyotes’ no los registran como presentados y los ponen aparte y en la noche los liberan”, aseguró.
Aseguró que ‘los coyotes’ entregan el dinero en las casas de Roberto Gaytán Saucedo y de Daniel Goray Yosioka, ambos responsables de las estaciones migratorias en esta ciudad. Los dos servidores públicos fueron buscados por El Diario en las estaciones de este puente fronterizo, sin embargo, el personal consultado negó que estuvieran físicamente en las instalaciones.
Otra forma lucro es a través de los abogados ‘recomendados’ y el responsable es el agente José Guillermo Reynoso Ramírez, narró Vázquez Campbell.
“Con los abogados recomendados no les ponen traba, los procesan inmediatamente y los sueltan. O sea, en cinco días a un abogado que trabaja con ellos les sueltan la gente, pero con nosotros que nos negamos a pagar la cuota –de mil dólares por cada adulto– los intimidan para obligarlos a que se desistan del amparo”, dijo el abogado, que mostró cómo uno de los migrantes al que le cobró 500 dólares por el amparo se desistió del mismo por supuestas presiones dentro del INM.
“Es un acoso tremendo contra los migrantes. Ahí las personas pueden permanecer de 5 a 12 días, sólo tiene tres regaderas y llegan a meter hasta 250 personas ahí hacinadas”, aseguró y mostró fotografías del hacinamiento.
—¿Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no documenta las condiciones de hacinamiento?, se le cuestionó.
“Derechos Humanos es una vacilada, es una burla para la humanidad, llegan a entrevistar a las personas y hace las entrevistas con la persona Gaytán o Goray a su lado; cómo se va a quejar si van a sufrir represalias”, respondió.
Ayer se solicitó información ante la CNDH sobre el número de quejas contra el personal del INM y se comprometieron a verificar la información.
En el portal oficial, la CNDH informa que del 2019 al 2022 han emitido 15 recomendaciones contra este instituto, en su mayoría por violaciones a los derechos humanos cometidos en el estado de Chiapas.
Hasta ahora, el INM no ha respondido a las solicitudes de entrevista enviadas al área de Comunicación Social.