La crítica situación que enfrentan vecinos del ejido Barreales por la falta de agua potable, los llevó a presentar ayer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación a su derecho de contar con el líquido.
Ya son siete meses que los pobladores del ejido ubicado en el municipio de Guadalupe enfrentan este problema sin que la Junta Rural de Agua y Saneamiento, que depende de la Junta Central, resuelva el suministro por otros mecanismos.
Residentes afectados expusieron que ya son siete meses sin contar con el servicio, sin embargo, los recibos siguen llegando con el mismo cobro de los metros cúbicos consumidos.
Esto implica a las familias un doble gasto ya que deben buscar agua por sus propios medios, ya que la distribución de agua en pipa es insuficiente, particularmente en esta temporada de calor, dijo Lidia Insurriaga, residente del sector.
Sin embargo, no sólo en Barreales tienen este problema. Residentes de los ejidos El Millón y Tres Jacales, que corresponden al municipio de Juárez, aseguraron que también enfrentan el problema de la suspensión del suministro de agua potable, así como residentes del fraccionamiento Real del Desierto en esta ciudad.
Los afectados fueron acompañados por el colectivo Defensa del Río Bravo y también acudió José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida el 19 de mayo de 2009.
Eduardo Sáenz, primer visitador de la CEDH, dijo que fueron atendidos dos grupos.
“Se duelen de la escasez de agua y presentaron un escrito de queja que vamos a analizar. La Junta Rural depende de la Junta Central y vamos a tener contacto con ellos, es parte de la investigación que vamos a llevar a cabo”, explicó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos expone que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico”.
El párrafo sexto del artículo 4 Constitucional, que en el 2012 se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, a la letra dice: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
A fines del pasado mes de mayo, la Junta Central de Agua y Saneamiento informó a El Diario que se licitó la reparación del pozo de agua en Barreales y que la obra consiste en la rehabilitación del equipo eléctrico.
El proveedor será responsable de desmontar el equipo eléctrico anterior, sustituir en su totalidad el cableado eléctrico y montar el nuevo equipo, que consiste en la subestación, bomba, acondicionamiento para que funcione de manera automatizada, instalación de controles y arrancador (switch).
En el caso de los residentes de las comunidades rurales de Ciudad Juárez, Sáenz dijo que se pondrán en contacto con autoridades de la Junta Municipal de esta ciudad para conocer la problemática y los quejosos regresarán la próxima semana para elaborar el escrito y presentar la queja formalmente.
La demanda de agua potable está haciendo crisis en la frontera, por lo que el derechohumanista conminó a la población a hacer un uso responsable del agua en aquellas partes de la ciudad donde se cuenta con el servicio.