Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, aseguró que se debe de respetar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso en la investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
“Lo que debemos hacer, todos, antes de emitir una condena, un juicio de valor o una actitud que lastime a las personas, es conocer la averiguación, conocer la carpeta de investigación y conocer lo que el juez resuelva. Es decir, eso se llama presunción de inocencia y debido proceso”, aseguró Monreal.
“Ningún mexicano o mexicana puede ser estigmatizado como delincuente, si no tiene el Ministerio Público, el Fiscal y el Juez, pruebas suficientes para condenarlo”, dijo el legislador.
Monreal aseguró estar contra la persecución política pues aseguró que él mismo ha sufrido este tipo de persecución.
Las declaraciones de Monreal se dieron luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por presuntas irregularidades financieras.
Gómez Álvarez explicó que el exmandatario recibió más de 26 millones de pesos por medio transferencias internacionales, realizadas por un familiar desde México a España
Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques“, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
Además, la UIF detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.
“No estamos hablando aquí de hechos relacionados con servidores públicos, sino estamos hablando de cuestiones que pueden tener relación con la función pública, pero eso no está establecido en este momento”, añadió Gómez.