Transportistas de diferentes rutas en Ciudad Juárez se quejaron por un gravamen de más de dos mil pesos anuales que pagaron durante los últimos dos años del corralismo por el uso de aparatos de geolocalización GPS que nunca les instalaron en las unidades.
Todavía este 2022 les siguen haciendo el cobro, denunciaron ayer públicamente.
De acuerdo con la exposición de representantes de líneas de transporte como 1-B, 5-B, y 5-A, son más de mil camiones por los cuales se desembolsaron hasta 7 mil pesos por cada uno desde 2020 sin ver redituado ese dinero.
Expusieron que al pagar la revalidación de este año se les hizo un último cobro por alrededor de 2 mil 300 pesos, sumados a cantidades similares pagadas durante 2020 y 2021.
“Estamos la mayor parte de los transportistas de Ciudad Juárez, del sindicato de la CTM, para manifestarnos inconformes con un cobro que se nos está haciendo injustificadamente por parte de la Dirección de Transporte”, dijo Jorge Chavarría, jefe de camiones de la línea 5-B.
“Nos iban a poner un GPS en cada unidad. Se nos iba a cobrar en la revalidación. A toda una línea de transporte le pusieron uno o dos GPS”, manifestó. Y agregó que en lugar de eso, ellos por su cuenta han instalado estos dispositivos de rastreo en algunas unidades.
Ayer exhibieron algunos recibos de la revalidación de la concesión de este año, con este cobro. Chavarría indicó que en 2020 pagó 2 mil 416 pesos, en 2021 fueron 2 mil 308 y este año 2 mil 593.
“Aquí estamos manifestando nosotros la inconformidad, solicitando que quiten ese cobro. Se nos hace algo exagerado”, agregó el líder transportista.
Aunque este proyecto fue anunciado desde 2018 en la administración de Javier Corral, no fue hasta en 2020 que se “puso en marcha”, como un programa para tener mejor control de los recorridos que los transportistas ofrecen diariamente a los usuarios, refiere el archivo periodístico.
“Este sistema nos permitirá tener información más precisa para poder enviar ayuda, inspecciones o avisos más oportunos para mejorar el servicio”, refirió en enero de 2021 la exjefa del Transporte en la Zona Norte, Tania Amaya, quien encabezaba el proyecto.
Reportes de prensa establecen que el proceso para la instalación de GPS en las unidades de transporte público fue anunciado desde diciembre de 2018.
Posteriormente, a finales de 2019, la Secretaría General de Gobierno publicó la licitación SH/LPE/170/2019 para la adquisición de mil plataformas de monitoreo para garantizar así un control de los camiones en Juárez y Chihuahua por medio de geolocalización.
Algunas de las líneas que se sometieron a este proceso en esta frontera son la 1-B, 5-B, Poniente Sur, 5-A, Oriente-Poniente, Permisionarios Unidos II, 3-B y Universitaria, pero los aparatos nunca llegaron.
De acuerdo con los concesionarios, el Estado habría recabado en estos tres años siete millones de pesos por estos cobros.
Ni Ricardo Tuda Vargas ni Luis Manuel Aguirre, director y subdirector de Transporte, respondieron ayer cuestionamientos sobre el tema.