“Triste, da pena, que los pescaditos, bastantes, muertos, cangrejos, mariscos, patillos, muertos en la playa… Ahorita no hay peces”, se lamenta Agripino Quispe mientras mira el mar en el que ha pescado desde que tenía 14 años.
Ahora tiene 67 y teme no poder volver a ejercer su oficio. Está sentado en la orilla de la playa de Aucallama, a unos 70 kilómetros al norte de Lima, y sabe que ya no puede ingresar a ese mar debido al derrame de petróleo de enero pasado. La marea negra fue la consecuencia de la rotura de las tuberías por las que la empresa española Repsol descargaba el crudo desde un buque hacia la refinería La Pampilla, en la costa limeña.
“NINGUNA AYUDA”
Varios kilómetros al sur de Aucallama, Miguel Núñez, presidente de la Asociación de Pescadores de la playa Bahía Blanca, vive el mismo drama, ya no puede vivir de la pesca. “No sé si llorar, no sé si pedir a gritos al cielo, cuando veo un desastre natural que arruinó a nuestros seres vivos que hay dentro del agua. Estamos al aire, cero, no tenemos nada de ingreso. Ninguna ayuda, ni del Estado, ni de la empresa”, comenta.
Veterinarios del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas sostienen un ave marina muerta cerca de playas contaminadas con petróleo en la isla Pescadores, en Ancón, Perú, el viernes 18 de febrero de 2022, un mes después de un derrame de la compañía Repsol. Foto: Martín Mejía, AP
Fueron 11 mil 900 barriles de petróleo los que se derramaron al mar, lo que en un inicio la empresa intentó minimizar dando una cifra menor. Por la lentitud y poca eficacia de la petrolera para contener el derrame, y la debilidad del Estado para responder al desastre, la marea negra se extendió a 11 mil hectáreas de mar y 10 mil hectáreas de playas. De acuerdo a las autoridades peruanas, cerca de medio centenar de playas y dos áreas naturales protegidas han sido afectadas.
El derrame de crudo ocurrió al inicio de la temporada de verano, que es temporada alta para la pesca artesanal y para los negocios relacionados a los meses de playa, como restaurantes y otros. Son unos dos mil 800 pescadores artesanales, la mayoría pescadores de orilla, los que se han quedado sin poder pescar, es decir, sin trabajo y sin ingresos. Y tres mil 200 comerciantes fueron afectados.
“ESTÁN JUGANDO CON EL PUEBLO”
“Todo lo que ha pasado, esto es un ecocidio. Nos han dañado el mar, no podemos trabajar, no podemos ni siquiera venir para comer, no es como en la pandemia, en la pandemia no se podía vender, pero sacábamos pescado para comer. Nos han afectado al cien por ciento. Tenemos hijos y tienen que estudiar, no se les puede comprar los cuadernos, el material necesario para que tengan educación. Están jugando con el pueblo, están jugando con la comunidad que ha sido afectada”, dice Luis Díaz, nieto de pescadores y pescador desde niño, ahora presidente de la Asociación de Pescadores de Aucallama, creada luego del derrame para responder a la crisis.
Otro pescador, Julián Chávez, con 35 años viviendo del mar, señala que “el impacto que llegó acá a la playa Aucallama ha sido un desastre. No hay pescado, ha muerto todo, todo lo que es marisco, cangrejo, pulpo, no hay. ¡Cuándo va a limpiar! Nosotros tenemos hijos que mantener, y ahora estamos como locos. El Estado nunca ha venido”.
Cerca de 50 kilómetros al sur de Aucallama vive Mercedes Pando, que es pescadora en las playas de Ventanilla, donde se originó el derrame. Según ella, “el derrame para nosotros ha sido algo que nos ha atado de brazos. Ahorita prácticamente estamos en la nada. Cómo podemos trabajar nosotros, no hay manera… No tenemos ningún apoyo”.
La situación de los pescadores es muy crítica, denuncia asimismo Juan Narváez: “No podemos vivir ya de la pesca y sustentar a nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, solamente vivimos de bolsitas de víveres, de ayuda social”.
OLLAS COMUNES
Las ollas comunes, abastecidas con donaciones, es la estrategia de sobrevivencia de las distintas comunidades que por el derrame de petróleo se han quedado sin trabajo y sin ingresos.
Clara Yacuachaqui, que se dedicaba a vender pescado, es la presidenta de una de estas ollas comunes, que alimenta diariamente a más de 150 personas. “Estamos pidiendo donaciones, gracias a Dios nos dan donaciones de un lado, de otro lado. Estamos cocinando con leña. Normalmente estamos comiendo casi diario menestras, arroz. No comemos ni pollo, ni carne, porque no tenemos. No tenemos donaciones de verduras. Es una decepción tremenda que no tengamos apoyo del Estado”, explica.
Algún trabajo en la agricultura, limpiando casas, el reciclaje de basura, en el transporte público informal, son empleos que ahora los pescadores realizan eventualmente para sobrevivir.
El Instituto de Defensa Civil del Perú dijo en un comunicado que un barco estaba cargando petróleo en la refinería La Pampilla en la costa del Pacífico cuando las fuertes olas movieron la embarcación y provocaron el derrame.
UNA CONTAMINACIÓN OCULTA
De acuerdo a un estudio de Naciones Unidas, con una tecnología adecuada para la remediación de los daños causados, algo que no se está haciendo, tomará entre seis y 10 años para que se recupere el ecosistema marino y los pescadores puedan volver a pescar como antes.
A fines de abril, Repsol emitió un comunicado diciendo que ya había terminado de limpiar las playas. Pobladores de estas zonas y especialistas desmienten esa versión de la empresa. “Adentro en el suelo marino está lleno de petróleo crudo, está asentado como una brea, eso ha matado a toda la especie. Cómo dice Repsol que ya limpió. Eso es una gran mentira”, denuncia, visiblemente indignado, Teófilo Andazabal, que vive en la zona afectada de Ventanilla.
Cuando se recorre las playas donde ocurrió el derrame de petróleo ya no se ve la marea negra que cubría extensas zonas de mar, pero el problema grave de contaminación está oculto en el suelo marino.
Alejandro Huaroto es pescador y buzo. Ha buceado la zona del derrame y ha comprobado que el crudo está asentado en el fondo del mar: “Superficialmente en varios lugares aparenta que está limpio, pero hay zonas que incluso a dos metros de profundidad, dos metros, tres metros y medio, se ha asentado en el suelo marino un sedimento de color negro, que cuando lo hemos sacado a flote ha tenido olor a químicos, bien fuerte, y bastante, no poco, bastante. Hasta el momento no hemos visto directamente nosotros una limpieza profunda al fondo del mar, en el suelo marino. Todo lo que es pesca de rivera ha desaparecido. El círculo de la muerte sigue, sigue avanzando”, lamenta.
Los trabajadores continúan en una campaña de limpieza después de un derrame de petróleo en la playa Cavero en el distrito de Ventanilla en Callao, Perú, el martes
DESCONFIANZA HACIA REPSOL
Autoridades, especialistas y pobladores cuestionan las acciones realizadas por Repsol para contener el derrame y limpiar las zonas afectadas.
“El trabajo de la empresa nosotros lo hemos visto deficiente desde el inicio. No es que haya hecho un trabajo de limpieza integral. No tenemos conocimiento que esté realizando trabajos propiamente de remediación”, explica Miriam Alegría, gerente general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), que ha multado a Repsol por una serie de deficiencias e incumplimientos por dos millones 300 mil soles, unos 600 mil dólares. Alegría señala que las sanciones podrían elevarse hasta unos 23 millones de dólares.
Desde la sociedad civil, Alejandro Chirinos, especialista en gestión marino-costera y director ejecutivo de la ONG CooperAcción, que trabaja en las zonas afectadas, analiza la respuesta de la petrolera al derrame que causó un desastre ecológico: “La respuesta de la empresa en todo momento ha sido de cómo librarse de sus responsabilidades. En todo momento la empresa ha tenido una actitud irresponsable”, afirma.
Kiefer Taboada muestra un puñado de moluscos cubiertos de petróleo en la playa Culebras en el distrito de Ventanilla de Callao, Perú, el jueves 24 de febrero de 2022. Tras el derrame de petróleo de Repsol causado por un tsunami tras la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga, pescadores en la capital peruana dicen que están luchando por mantener la industria tradicional y ahora ven peligrar su sustento.
“La empresa lo que ha hecho es utilizar metodología rudimentaria, cavar huecos en las zonas de playa, levantan la arena que está con petróleo y la echan dentro de estos pozos y la tapan. Esa metodología fue la que se empleó el primer mes de afectación, luego lo que ha hecho la empresa al ver que no funcionaba esa metodología, porque estaba tapando y OEFA le llamó la atención, es mezclar la arena limpia con la arena contaminada para disipar, expandir, y de esa manera según su lógica hacer que el crudo se diluya, pero lo que está haciendo la empresa con esa metodología, totalmente inadecuada, es recontaminar. No vemos hasta ahora planes de descontaminación y remediación, lo único que hemos visto son estrategias de limpieza, que además no sirven. Si uno va a las playas, como estamos aquí ahorita en Chacrimar, va a ver que el mar está superficialmente, entre comillas, en ‘condiciones normales’, pero el problema está en el fondo marino”, detalla Chirinos.
“ESTADO TOTALMENTE INEFICIENTE”
En la extensa playa de Chacrimar hay más de 20 pequeños restaurantes de comida marina alineados frente a la orilla, que en verano solían estar abarrotados de bañistas y que desde el verano de este año están cerrados. Desde el derrame de petróleo es una playa fantasma.
También se cuestiona el rol que viene cumpliendo el Estado. La excongresista María Elena Foronda, que trabaja con pescadores artesanales, se refiere al tema: “Ha sido un Estado totalmente ineficiente, para mí inexistente. Una institucionalidad ambiental débil, un ministro que estaba pintado en la pared, porque no tuvo la capacidad de articular una respuesta mucho más firme”.
Miriam Alegría, de la autoridad fiscalizadora ambiental, admite que una actuación desarticulada de las distintas entidades públicas ha impedido una adecuada respuesta integral a este derrame de petróleo: “Desde OEFA hemos tenido una respuesta rápida y oportuna, con las acciones legales que hemos iniciado rápidamente imponiendo las multas coercitivas. Sé que la solución del problema va más allá de la propia fiscalización. Yo entiendo que este es un problema integral que involucra la competencia y la intervención de diferentes entidades, la normativa ahí tiene que mejorarse para que la respuesta del Estado en conjunto se dé de manera rápida y efectiva. Por esa razón entiendo que no se tiene una solución concreta para poder atender a las poblaciones que han sido afectadas”.
Los trabajadores continúan en una campaña de limpieza después de un derrame de petróleo en la playa Pocitos en Ancón, Perú, el martes 15 de febrero de 2022.
INDEMNIZACIÓN INSUFICIENTE
Las protestas y movilizaciones de los afectados presionaron a la empresa y al Estado, que acordaron darles una indemnización de tres mil soles, unos 800 dólares, un acuerdo pactado a espalda de ellos. Ese monto, aseguran los pescadores, no cubre ni la mitad de lo que han dejado de ganar en un solo mes por no poder pescar.
Las protestas siguieron y a fines de abril se anunció que se duplicaría esa cifra. Acosados por la falta de ingresos, unos han aceptado a pesar de considerar insuficiente el monto, otros se han negado y siguen reclamando.
“Lo tomamos como una ofensa, es como si nos estuvieran escupiendo y tratando de pisar la cara, diciéndonos ya tomen esto y cállense, no molesten más. No, no es justo. Nosotros realmente estamos indignados, estamos muy molestos”, denuncia, contundente, Francisco Bedón.
Los pescadores que se han negado a pactar en las condiciones impuestas por la empresa han decidido entablar demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales españoles.
“Están demandando la respuesta desordenada del Estado, que el Estado peruano no ha cautelado la defensa de sus derechos. Además demandando a la empresa remediar ambientalmente las zonas de pesca afectadas y por otro lado indemnizarlos por la afectación económica”, explica Alejandro Chirinos, de CooperAcción, que asesora a un grupo de pescadores.
Teófilo Andazabal, que tiene cerca de dos décadas vivienda de la pesca artesanal de orilla, comenta sobre la indemnización que esperan obtener: “Estamos pidiendo que Repsol nos indemnice todo el tiempo que estamos perdiendo de trabajar y el tiempo que vamos a dejar de trabajar, porque simplemente esto de acá de la playa no es para un año ni dos años, tiene como para diez años para recuperarse”.
Los pescadores y comerciantes afectados se sienten solos, no ven una solución cercana, pero no renuncian a su lucha por lo que consideran justo: “No tenemos una esperanza a corto plazo para decir que vamos a volver rápidamente a nuestra zona de labor”, se preocupa Juan Arellan. Por su parte, Luis Díaz asegura que no se resignarán: “Vamos a lucharla hasta que la indemnización sea justa y no nos den migajas”.