«Se deniega el amparo provisional», sentenció el máximo tribunal del país, al considerar que «no se agotaron todos los recursos previstos en la ley para impugnar la decisión que se dio la semana pasada».
Según la sentencia, las circunstancias no hacen aconsejable conceder el amparo, presentado el pasado 28 de noviembre por el jefe de bancada de Semilla, Samuel Pérez, cuya representatividad también fue cuestionada por los magistrados de la CC, pues el legislador no es el secretario general de la organización.
La representante legal y diputada de Semilla, Andrea Reyes, afirmó que buscarán otras vías para impedir la anulación del partido, como una querella ya presentada contra el juez Orellana por los delitos de prevaricato y abuso de poder.
Recordó que el partido también apeló ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la decisión del Registro de Ciudadanos de acatar la orden de Orellana y cancelar la personería jurídica de Semilla.
El enfrentamiento entre las partes se desencadenó el 13 de julio de 2023, cuando Orellana, a solicitud del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, ordenó por primera vez la cancelación de Semilla, poco después de que su candidato presidencial, Bernardo Arévalo, avanzara al balotaje presidencial tras quedar segundo en las elecciones generales del 25 de junio.
La decisión no prosperó por un fallo de la CC que declaró que los partidos no pueden ser cancelados mientras esté en marcha el proceso electoral y Arévalo, que iba octavo en las encuestas, finalmente ganó el balotaje del 20 de agosto con un fuerte discurso contra la corrupción.
Desde el oficialismo se acusa a la fiscal general, Consuelo Porras, así como a Currichiche y Orellana, de formar parte del llamado «pacto de corruptos», una élite económica y delincuencial que cooptó instituciones del Estado desde administraciones pasadas para garantizar la impunidad.
De consolidarse la cancelación de Semilla, el partido no podrá participar en próximas elecciones y sus 23 diputados se tendrán que mantener como independientes, lo que les impide formar una bancada y ocupar cargos en el congreso unicameral de 160 escaños.