Se trata de los dictámenes para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como el proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En los tres debates se impuso la mayoría de Morena y partidos aliados, mientras que la oposición mantuvo el voto en contra al estar en contra de raíz en la reforma y elección judicial.
Los dictámenes fueron enviados a la Cámara de Diputados para seguir el proceso legislativo. Al ser leyes secundarias solo se necesita mayoría simple, lo que de sobra tienen Morena y aliados.
Al presentar los tres dictámenes, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que el objetivo de las propuestas es armonizar las leyes con el decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial de la Federación.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación tiene como finalidad establecer las normas relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos, desde la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Plenos Regionales, los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito.
Sobre la Ley de Carrera Judicial, Corral Jurado dijo que se buscan los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, contemplados en la Constitución; además de que respeta los derechos de las personas que actualmente trabajan en el Poder Judicial de la Federación.
Resaltó que se incorpora la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva e igualitaria en el desarrollo de la Carrera Judicial, con lo que se permitirá que las mujeres y los hombres ejerzan y gocen sus derechos humanos con enfoque de igualdad sustantiva; además de adicionar un Título Tercero, del combate al nepotismo, en el cual se establecen medidas para impedir nombramientos de familiares por pare de los titulares, así como el deber de informar sobre vínculos familiares o afectivos.
En tanto al dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Javier Corral indicó que se adicionó como criterio el de la “buena administración”, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta.
Especificó que se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, por faltas administrativas.
De igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.