El desplazamiento de decenas de personas en el pueblo de Dolores fue a causa de la versión de que un grupo armado invadiría el lugar, luego de varios días de balaceras y enfrentamientos en las comunidades a su alrededor, de acuerdo con pobladores del municipio de Guadalupe y Calvo.
TOMADA DE ELDIARIO.MX
Hasta ayer, el fenómeno continuaba en la localidad, revelaron habitantes, aunque habían arribado elementos de la Guardia Nacional y otras corporaciones.
Pese a que ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tienen cifras precisas de las víctimas de desplazamiento, el único estudio que ofrece una aproximación al fenómeno, con datos hasta 2021, establece que casi una cuarta parte de las personas que huyeron, entrevistadas en albergues, eran originarias de Guadalupe y Calvo.
Con datos de cientos de personas desplazadas entre 2015 y 2021, el estudio señala que el 18.3 por ciento era procedente de Juárez y el 16.5 por ciento de la capital del estado.
Es en Guadalupe y Calvo donde, desde hace aproximadamente una semana, un nuevo episodio de desplazamiento ha sido reportado de manera constante, sin que en el lugar se hayan registrado hechos violentos, aunque sí en otras comunidades aledañas, ubicadas en los límites de Chihuahua y Sinaloa.
Los pobladores del municipio, que pidieron mantener su identidad bajo reserva, confirmaron que por versiones de familiares y vecinos supieron que varias camionetas cargadas de ropa, algunos muebles y víveres, dejaron Dolores para buscar acercarse a la cabecera municipal o irse a otras poblaciones dentro de Guadalupe y Calvo o incluso hacia Parral.
Señalaron que aunque no han sabido de hechos de sangre en la población de Dolores, en otras localidades cercanas han registrado enfrentamientos intermitentes desde finales del mes de agosto y hasta la fecha.
Además de eso, desde hace poco más de una semana han surgido versiones de que un grupo criminal va a tomar el pueblo en busca de rivales y con posibles ataques a los habitantes, lo que generó temor y provocó la salida de familias.
El poblado de Dolores está ubicado a más de 500 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, en un trayecto que, por tierra, requiere alrededor de ocho horas; está en los límites con el estado de Sinaloa, en la región conocida como ‘Triángulo Dorado’ de las drogas.
Es una de las 10 secciones municipales que tiene Guadalupe y Calvo para su administración; dentro de las mismas, existen más de mil comunidades, rancherías o localidades rurales, conectadas principalmente por brechas y por telefonía satelital, lo que dificulta el acceso de autoridades de los tres niveles de gobierno.
Desde la semana pasada, circularon diversas versiones de enfrentamientos en las afueras de Dolores y los pueblos alrededor, como San Rafael, Las Mesitas, El Cajoncito y otras.
Incluso, de otras poblaciones circularon videos donde captaban el sonido de armas de grueso calibre entre los pueblos, producto de la gresca entre grupos delincuenciales que disputan el control de la región.
Guadalupe y Calvo, foco rojo desde hace años
El único estudio a profundidad sobre el desplazamiento forzado interno fue presentado en mayo del año pasado, con información, datos y entrevistas con víctimas localizadas en albergues o lugares en ciudades donde se hubieran asentado, después de haber dejado sus lugares de origen de forma obligada o por motivos de subsistencia.
El “Informe del ejercicio de caracterización del desplazamiento interno en Chihuahua”, es realizado por más de 20 instancias estatales y federales, así como académicas y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para recopilar información y documentar este fenómeno.
El estudio contiene cientos de entrevistas de una muestra aleatoria de personas en desplazamiento forzado, que no permite hacer un estimado de la población que lo ha padecido, pero sí identifica, entre otras cosas, el origen de gente que ha padecido el fenómeno.
Con datos de cientos de personas desplazadas entre 2015 y 2021, el estudio señala que el 23.9 por ciento era procedente de Guadalupe y Calvo, mientras que el 18.3 por ciento de Juárez y el 16.5 por ciento de la capital del estado.
Además, entre los municipios con más personas desplazadas, aparecen Uruachi, con el 11 por ciento de los entrevistados; Balleza, con el 7.3 por ciento y Parral, con el 2.8 por ciento.
Otros municipios con incidencia –de acuerdo a los entrevistados para el estudio, única aproximación que permite conocer parte de la realidad numérica del fenómeno– son Cuauhtémoc, Camargo, Guazapares y Morelos, de donde son el 1.8 por ciento, en cada uno, de las personas desplazadas entrevistadas; mientras que los municipios de Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Moris, Delicias y Batopilas, son el origen de menos del uno por ciento de los entrevistados.
El 88 por ciento de las personas entrevistadas menciona haber sido víctima de la delincuencia o haber recibido amenazas, razón que la llevó a desplazarse de sus comunidades de origen; un 68 por ciento también respondió que debió dejar su hogar “por temor ante el ambiente de violencia e inseguridad como conflictos armados, delincuencia organizada o violencia generalizada”.
En menores proporciones, los entrevistados refieren (27 por ciento), haber dejado su comunidad “por enterarse o ser testigo de delitos en el entorno como robo, asalto, extorsión, homicidios”; y también, por conflictos y agresiones entre vecinos o en la comunidad (un 8 por ciento).
En otro apartado, el estudio identifica a “los agentes causantes del último episodio de desplazamiento forzado”: el 77 por ciento señala “narcotraficantes, sicarios, etcétera”; un 19 por ciento a “delincuentes comunes, pandilleros, etcétera”; 16 por ciento a “vecinos o vecinas”; mientras que en proporciones menores, del uno al ocho por ciento, señalan a familiares, Policía Municipal o Estatal, líderes o autoridades comunitarias, Fuerzas Armadas, talamontes, Guardia Nacional e incluso líderes religiosos.
Las respuestas no se totalizan en un 100 por ciento porque permitían mencionar varias opciones, no sólo una.De acuerdo con el estudio, más de mil 200 personas sirvieron de informantes y fue una muestra de simular la magnitud para conocer los perfiles de personas en situación de desplazamiento, pero no permite llegar a una cifra precisa de afectados, desde la década pasada y hasta 2021.