La Iglesia mexicana expresó su preocupación por la reforma en materia electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que puede implicar, entre otros puntos, crear una nueva institución para reemplazar al autónomo Instituto Nacional Electoral (INE).
“Ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para una Reforma Constitucional en materia electoral que está ya en la Cámara de Diputados, la Iglesia expresa su preocupación por lo que pudiera alterar la autonomía ciudadana y la imparcialidad partidista”, refirió la institución en su editorial dominical “Desde la fe”.
La Iglesia destacó que es deber de todos buscar la mejor política que garantice la participación de los ciudadanos y las organizaciones intermedias dentro de la sociedad y las estructuras del Estado.
Recordó que el pasado 31 de octubre, los obispos mexicanos reconocieron “ampliamente” la labor que realiza el INE “siendo una de las instituciones más confiables para los mexicanos”.
“Gracias al INE, fundado hace poco más de 25 años, se han podido realizar procesos electorales transparentes, confiables y pacíficos, para la renovación de los distintos cargos de elección popular en toda la República”, destacó.
Afirmó que el INE ha sido una institución ciudadana que favorece la participación y organización más amplia y plural en el contexto de opciones políticas.
Por ello, dijo, los obispos han expresado “una respetuosa exhortación” a los poderes ejecutivo y legislativo a que asuman su “responsabilidad histórica y su prudencia legislativa” para preservar y, en todo caso, mejorar “esta gran institución del Estado mexicano”.
Recordó que es responsabilidad de todos los ciudadanos, funcionarios, legisladores y sociedad civil “cuidar y defender lo que nos ha permitido avanzar en nuestra incipiente y valiosa democracia”.
“Confiamos en la responsabilidad de todos para realizar esta tarea”, precisó.
La reforma electoral, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, causa polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno.
También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque pueden favorecer al actual partido en el poder.