La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que si no hay independencia en las investigaciones del Caso Ayotzinapa no se asegura ni la verdad ni la justicia que piden los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.
Los integrantes de la CIDH estuvieron en la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, en el estado de Guerrero, al sur de México, para presentar el tercer informe correspondiente al Caso Ayotzinapa, en donde expresaron que existen desafíos preocupantes que ponen en riesgo la obtención de justicia.
La relatora de la Comisión, Esmeralda Arosemena, indicó que, a pesar de la determinación de que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado, no se debe confundir y no debe intervenir el mismo Gobierno, pues existen límites necesarios y exigentes para hacer justicia.
Manifestó que la detención del procurador Jesús Murillo Karam por otras unidades y el desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión por instancias que no son la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca), constituyeron intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano judicial debe tener.
Lo anterior, dijo, afecta la continuidad de la investigación porque propiciaron la salida del titular y los agentes ministeriales que tenían un vasto conocimiento en el caso, y les preocupa, pues se puede afectar el ritmo de la investigación.
“La verdad es una forma de reparación y se debe construir libre y de toda injerencia política”, consideró.
Arosemena mencionó también que, al mostrarse las capturas de pantalla contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), las cuales no habían sido compartidas ni con los padres, definitivamente impacta en la cuidadosa labor que había consolidado para no presentar conclusiones adelantadas en un caso que actualmente se ventila en los tribunales.
“Es urgente e impostergable que el Estado demuestre que es capaz de vencer los obstáculos de la impunidad y la corrupción, y ofrezca a las víctimas y a los familiares y a la nación mexicana en su conjunto la justicia que se merecen”, señaló.
Al tomar la palabra, la comisionada presidenta, Julissa Mantilla Falcón, aseguró que su principal preocupación son los padres y los jóvenes normalistas; sin embargo, en cuanto a la investigación, enfatizó que les preocupa su independencia.
“En la Ueilca no puede haber una injerencia de poderes, ni del Ejecutivo (Gobierno mexicano) ni de Legislativo. Nadie. Las desapariciones forzadas no acaban porque salga un decreto y diga se acabaron, las desapariciones es algo continuo, y tan es así, que la Corte considera víctimas no solo a los desaparecidos, sino también a las familias”, puntualizó.
Mantilla calificó como cruel construir narrativas que no estén comprobadas y verificadas, como en la llamada “verdad histórica”, que presentó el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), lo cual genera una victimización adicional a los familiares que ya sufren la desaparición forzada, por lo que señaló que es tocar de una manera inapropiada la esperanza y la expectativa de encontrarlos.
En la conferencia estuvieron presentes los padres y los representantes legales de estos últimos, quienes previamente se reunieron en privado con los comisionados encargados de la investigación.