La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y la Familia (FEM) cuenta con diez días hábiles para interponer el recurso de apelación contra la sentencia absolutoria que dictó la jueza Claudia Domínguez Curiel, adscrita al Tribunal Oral Penal, contra dos docentes acusadas de violación en perjuicio de una alumna del Colegio Montessori Internacional.
La fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva informó que a partir del 28 de noviembre, cuando la juzgadora dio lectura a la sentencia, la representación social cuenta con un plazo de 10 días para inconformarse ante una segunda instancia contra la resolución a la que dio lectura en la audiencia pública, dijo.
Fue la jueza la que ordenó que la audiencia fuera pública, por considerar que sólo se había difundido información de la FEM y no trascendió el fundamento de su resolución. Esto ocurrió debido a que fue ella la que ordenó que el juicio fuera privado y el desarrollo de las audiencias no trascendió públicamente, restando valor al principio de máxima publicidad del sistema acusatorio.
En audiencia, la jueza Claudia Domínguez dijo que el agresor siguió cometiendo el delito al confiar en que ya había personas enjuiciadas, por lo que la FEM omitió proteger a la menor de quien podría ser su verdadero agresor.
Explicó que la denuncia se interpuso el 8 de marzo de 2022 y la fiscal ordenó que practicara un examen médico ginecológico a la víctima el día 9 de marzo.
“Pero resulta que la fiscal no ofreció como prueba ese primer examen (durante el juicio) y esto es muy extraño porque siempre los primeros exámenes médicos suelen ser la base de una acusación de los delitos de índole sexual”, dijo Domínguez.
En ese examen, el perito contratado por FEM encontró un desgarre, lo cual motivó la detención de las maestras el 23 de marzo durante un cateo en el colegio donde se mencionaba que habían ocurrido los hechos. En esa ocasión fueron arrestadas María del Carmen C. R. y Adriana Lucía H. G., por abuso sexual.
Sin embargo, la fiscal no sólo no usó como prueba el primer examen, sino que el 29 de junio ordenó que se le hiciera otro, cuando las maestras ya tenían tres meses detenidas, mismo que se usó como prueba.
Ese segundo examen realizado por una perito de la FEM arrojó que la menor tenía múltiples lesiones, por lo que el delito fue reclasificado a violación agravada y la FEM acusó a las inculpadas bajo ese segundo examen, desestimando la primera prueba.
“A pesar de que los hallazgos médicos revelaron información que pudiera ser un foco rojo para la Fiscalía en cuanto a la posibilidad de un agresor diverso a las acusadas, la Fiscalía sostuvo su acusación en contra de ellas”, mencionó la jueza.
Sin embargo, la defensa de las acusadas llamó a declarar al perito que realizó el primer examen, quien bajo juramento reiteró el primer hallazgo y aseguró que no tenía interés en proteger a ninguna de las partes involucradas, y que este profesional ha realizado más de 900 exámenes de este tipo, leyó la jueza.
Las pruebas periciales obtenidas a lo largo del proceso serán fundamentales en la apelación, consideró la representación social.