Tras cuatro horas de discusión en lo general y en lo particular, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada las reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales y la Ley del Equilibrio Ecológico para reducir la vigencia de las concesiones mineras y endurecer las condiciones para otorgarlas.
Avalado en lo particular con 251 votos de Morena, PVEM, PT y MC a favor, 209 de PAN, PRI y PRD en contra, así como una abstención, el proyecto se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión de las más de 20 reservas presentadas, el pleno cameral admitió un solo cambio para establecer que el costo de las consultas a las comunidades indígenas sobre los proyectos mineros deberán ser cubiertos por quien solicite la concesión.
La iniciativa presentada sorpresivamente por Morena, en un acto que la oposición calificó de “albazo legislativo”, reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones mineras, con la posibilidad de prorrogarlas 25 años más y al término de ese plazo, en caso de que el titular decida participar en la nueva licitación del mismo lote, tendría preferencia para obtener otros 25 años de carácter improrrogable.
Así, la duración total de la concesión podría alcanzar 80 años y no los 100 que prevé la actual legislación.
La iniciativa, considerada de urgente y obvia resolución, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos en pro, 209 en contra y una abstención en términos del proyecto de decreto y las modificaciones aceptadas por el Pleno. Se remitió al Senado.
Algunas propuestas son: recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación, regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.
Además, no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5 por ciento de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.
Al presentar la iniciativa, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) expresó que la propuesta la suscribe conjuntamente con el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), y tiene punto de partida la que presentó el 24 de marzo el Ejecutivo Federal, cuya esencia es recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo mexicano.
Indicó que se asume el compromiso de legislar sirviendo a la pluralidad de todos los actores que participan en el sector, trazando los mecanismos para conciliar y armonizar el cuidado de las inversiones, la creación de riqueza y generación de empleo en el sector minero con una explotación racional y sustentable que proteja y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, al agua y a la preservación de los recursos naturales, poniendo en el centro de la actividad minera a las mujeres y hombres de los pueblos originarios.
La diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) dijo que las reformas tienen como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación. Aseguró que la iniciativa es muy importante porque el actual marco jurídico no prevé ningún procedimiento que establezca cómo se va a efectuar la reparación o restauración de los impactos ocasionados por la actividad minera.
Por ello, consideró trascendental que las inversiones protejan al sector social, a los trabajadores, a las comunidades donde se encuentran las minas, los derechos humanos a la salud, al agua, a un medio ambiente sano, limpio, sostenible y evitar la contaminación de los recursos naturales.
Del PAN, la diputada Laura Patricia Contreras Duarte resaltó que la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; es el quinto lugar en generador de ingresos por divisas, aporta el 8.6 por ciento del PIB industrial y el 2.5 por ciento del PIB nacional, y representa una derrama económica cercana a los 269 mil millones de pesos anuales.
Esta propuesta de reforma, destacó, “merecía analizarse con tiempo, de manera responsable, considerando las voces de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos de más de 70 sectores que requieren de los minerales para su desarrollo como son el automotriz, aeroespacial, siderúrgico, energías renovables, electricidad, farmacéutico, ganadero, agricultura, entre otros”.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento y ese problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración”.
Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”. Sostuvo que “esta iniciativa nos va a llevar a la parálisis de un sector que representa un 10 por ciento del sector manufacturero de México y representa empleo para dos millones y medio de mexicanos”.
Ciria Yamile Salomón Durán, diputada del PVEM, indicó que esta iniciativa transforma al sector minero, sin comprometer la continuidad de la industria, pues atiende y corrige los vacíos legales que permiten los abusos, considerando en todo momento a los actores económicos y la relevancia de la minería en la economía nacional.
Precisó que dentro de los cambios propuestos resalta el sentido de justicia implícito en cada modificación y con especial énfasis en los cambios en la relación del sector privado con las comunidades aledañas a las zonas de extracción de minerales. Además, se busca hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas al establecer que deberán ser consultados previamente al otorgamiento de cualquier concesión.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) destacó que la iniciativa constituye una reforma estructural a la regulación del sector minero de México, al proponer la reducción de beneficios y el aumento de obligaciones para las empresas privadas, recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos del subsuelo. Es un paso más en la dirección de anteponer el bienestar de la nación, los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y defensa de la soberanía y rectoría del Estado por encima de la búsqueda de la utilidad y la ganancia.
Se busca, afirmó, terminar con la extracción intensa de los recursos minerales, el despojo territorial y el desplazamiento forzado, fortalece las medidas de seguridad para las personas trabajadoras de las minas, regula de manera adecuada la concesión minera y el consumo de agua de éstas. De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72 por ciento no tiene permiso en las descargas residuales, el 62 por ciento no cuenta con concesiones de agua, 55 por ciento sin datos sobre emisiones de contaminantes, y 51 por ciento opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.
Por MC, el diputado Jorge Álvarez Máynez expresó que se viola el proceso legislativo impunemente y una de las cosas positivas de la ley es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, pero “nosotros como legisladores tenemos la obligación de consultarles con mecanismos por el derecho internacional, antes de legislar y no lo hicimos”.
Afirmó que no hay manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58 por ciento del territorio nacional. Hay cosas positivas, dijo, como la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, pero vamos a reservas en el tema del agua.
Incertidumbre para los pequeños mineros
Elizabeth Pérez Valdez, diputada del PRD, consideró que la iniciativa no es la solución y es la misma que el Ejecutivo Federal mandó a esta Cámara, “carente y sin sentido; sigue siendo una propuesta absurda y no ha sido construida desde la reflexión y análisis de la problemática nacional. Se renuncia a un proceso que pudo haber garantizado la inclusión de conocimientos y propuestas especializadas”.
Se pretende, dijo, a través de un albazo, cumplir los deseos de quien no escucha a los pequeños mineros, se renuncia a los procesos democráticos, no se hacen consultas reguladas en la Constitución Política y tratados internacionales. “La industria minera no sólo está formado por caciques también contiene a millones de personas trabajadoras a las cuales se les dejará en la incertidumbre”.
Posturas a favor y en contra
Al hablar en contra, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) dijo que el Congreso no es oficialía de partes, sino un Poder autónomo; además, se discute un proyecto del cual no se conoce el contenido pese a que puede beneficiar o afectar a la gente. “Se violenta el proceso legislativo. Estas leyes no pueden ser aprobadas al vapor y sin análisis previo”.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos (Morena) habló a favor y comentó que México es potencia en producción de minerales, pero a pesar de que es una actividad altamente rentable, hay población que vive en condiciones de marginación y pobreza, ya que esos proyectos han despojado a indígenas y campesinos que son desplazados.
En contra, el diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) señaló que se negó la posibilidad y responsabilidad de las comisiones de emitir opiniones; la aprobación fast track restringe la participación de las y los legisladores, así como de expertos y academia, lo que constituye una violación al proceso parlamentario.
Al hablar a favor, la diputada Esther Martínez Romano (PT) afirmó que la iniciativa contribuye a proteger el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano. Sostuvo que la propuesta busca reducir el impacto ambiental de la actividad minera. Asimismo, resaltó la ampliación de las atribuciones de la Secretaría de Economía para consultar a las comunidades indígenas sobre las actividades mineras y el cuidado al medio ambiente.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) habló en contra y sostuvo que la iniciativa es la misma propuesta presentada por el Ejecutivo Federal. Lamentó que las próximas concesiones se vayan a dar con un mayor grado de incertidumbre lo que aumentaría riesgos operativos y desaliento a la inversión en México.
Al hablar a favor, el diputado Otoniel García Montiel (Morena) consideró que las empresas mineras se han aprovechado de la explotación y extracción de los minerales nacionales, por lo que resaltó que se velará por los derechos humanos de los activistas ambientales de las personas y las y los integrantes de los pueblos originarios.
Por medio de plataforma digital, el diputado del PRI, Pedro Armentía López, lamentó la discusión de una iniciativa incorporada de último momento, sin respetar los consensos ni el trabajo de las comisiones. “Puedo apostar que la mayoría desconoce lo que se votará en esta Cámara; es un debate fast track que implica daños irreparables”.
Alfredo Porras Domínguez, diputado de Morena, habló a favor del documento y aseguró que durante la actual administración “no se ha dado ni un metro de concesión para mineras”. La iniciativa, dijo, reconcilia a los ambientalistas, y eso responde a que en el país hay gobernabilidad.
En contra, la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del PRD, consideró que no se cumple con el procedimiento legal y de generar una propuesta que proteja verdaderamente al medio ambiente. “Esta iniciativa hubiera podido aportar muchos elementos de protección; sin embargo, no quedarán garantías expresas para el cuidado ambiental”.
De MC, el diputado Braulio López Ochoa Mijares mencionó que la reforma tiene impacto económico, social y medio ambiental, por lo que requería de un Parlamento Abierto para escuchar a las personas involucradas y se debía convocar a expertos en medio ambiente, minería, derecho internacional público, indígenas y afromexicanos.
El diputado Joaquín Zebadúa Alva, de Morena, aseguró que la actividad minera tiene una evasión fiscal de 19 mil millones de pesos, además que en los principales municipios donde se extrae oro tienen 50 por ciento más pobreza que la media nacional y subrayó que en 30 años se llevaron 800 por ciento más de oro y 200 por ciento más de plata que en los tres siglos de toda la Colonia. Hubo más de mil 600 concesiones en áreas naturales protegidas.
En votación económica, se desecharon mociones suspensivas de la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) y de los diputados Salvador Caro Cabrera (MC) y Mauricio Prieto Gómez (PRD), quienes solicitaron detener el proceso de aprobación de la iniciativa, a efecto de emprender un Parlamento Abierto y de consulta a las comunidades mineras.
Además, la Mesa Directiva informó que el diputado Román Cifuentes Negrete (PAN), solicitó insertar su moción íntegra en el Diario de los Debates.
Para la discusión particular se presentaron reservas a los artículos 1, 6, 7, 9 Ter, 10, 10 Bis, 13, 14, 15 Bis, 19 y 42 de la Ley Minera.
También a los artículos 29 Bis, 4, 81 Bis uno, dos, tres y cuatro de la Ley de Aguas Nacionales.
Asimismo, al Artículo Décimo Primero Transitorio, así como una propuesta de modificación al lugar de la presentación de la iniciativa.
En la discusión particular, se aceptó la reserva presentada por la diputada Irma Juan Carlos (Morena) al artículo 6 de la Ley Minera, para establecer que el costo de la consulta para el otorgamiento de concesiones o asignaciones mineras debe ser cubierto por la persona física o moral que la solicite.
Enseguida, se dio cuenta de un oficio de la Secretaría de Gobernación por el que remite el impacto presupuestario de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se extingue al organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su ley orgánica. Se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.