El Congreso colombiano aprobó el jueves en último debate la Reforma Fiscal impulsada por el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro que se concentra en aumentar impuestos a la capa más adinerada y al sector extractivo del país.
Lo aprobado dista un poco de la iniciativa que presentó el Gobierno en agosto como su proyecto bandera, necesario para financiar ambiciosos proyectos sociales con miras a disminuir las brechas de pobreza. El Gobierno cedió en varios puntos eliminando algunos impuestos polémicos a las iglesias, las pensiones, el pan ultraprocesado y conservando el subsidio a la gasolina en zonas fronterizas, así como moderando otros tributos ante reiteradas críticas.
Isidro Hernández, docente investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, indicó a The Associated Press que lo aprobado cumple con los objetivos iniciales que se planteó el Gobierno de Petro al subir los impuestos a la clase media alta, es decir, a trabajadores que ganen más de 20 millones de pesos al mes (unos 4 mil dólares) y la clase alta, que son quienes viven de rentas de capital con ingresos de más de 80 millones de pesos (16 mil dólares).
“Tenemos muchas medidas redistributivas, es la reforma más progresiva de la historia”, dijo a la prensa el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. “Hay algunos sectores que van a pagar más impuestos y son todos de altos ingresos”, agregó.
Los más adinerados pagarán un impuesto a la riqueza. La tasa arranca en 0.5 por ciento para quienes tengan un patrimonio de más de 3 mil millones de pesos (601 mil dólares), y alcanza el 1.5 por ciento para los patrimonios de 10 mil millones de pesos (2 millones de dólares) en adelante. El Gobierno cedió subiendo los rangos, inicialmente se propuso para patrimonios desde mil millones de pesos (200 mil dólares).
También se aprobó un impuesto a las ganancias ocasionales, como herencias o donaciones, que subió del 10 por ciento al 15 por ciento, y un impuesto a los dividendos de hasta el 20 por ciento.
En las últimas dos semanas se registraron algunas protestas en el país de personas que se oponen al Gobierno de Petro —el primer presidente de izquierda en Colombia— y sobre todo a la Reforma Fiscal que según advertían podía ir en detrimento del empresariado, lo que derivaría en un aumento del desempleo y de costos en los productos.
Aunque algunas protestas llegaron a contar con miles de personas, la inconformidad no alcanzó los niveles de 2021 cuando inició un estallido social impulsado por una Reforma Fiscal del anterior Gobierno de Iván Duque (2018-2022) que, según advertían, afectaría a la clase media y baja.
“En esta ocasión el Estado aprendió la lección y subió el rango para cobrar impuestos”, dijo Hernández, en referencia a que la reforma de 2021 contemplaba ampliar la base grabable del impuesto al valor agregado que se cobra a los alimentos y la renta a personas que devengaran salarios bajos.
La reforma de Petro ha enfrentado las mayores críticas por el aumento a los tributos del sector de hidrocarburos. De manera temporal contempla una sobretasa del impuesto de renta que será del 15 por ciento al petróleo y del 10 por ciento al carbón, dependiendo del precio internacional. Además, no podrán descontar de la renta el dinero que dan por regalías —el pago que hacen al Estado por explotar el subsuelo—.
“Hoy se materializa el primer freno a este sector minero energético”, cuestionó en el debate del Senado Miguel Uribe, del opositor Centro Democrático. Para la colectividad, el aumento de impuestos golpeará las finanzas del Estado.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal —técnico y adscrito al Ministerio de Hacienda— advirtió en su último reporte de octubre que una política que suspenda o desincentive la inversión en el sector de hidrocarburos representa un “riesgo elevado para la sostenibilidad fiscal”, dada la alta dependencia de esas transferencias. El sector representa cerca del 40 por ciento de las exportaciones y entre el 10 y 20 por ciento de los ingresos del Gobierno central.
El Congreso también aprobó un nuevo impuesto para las plataformas digitales que presten servicios desde el exterior, como la publicidad online, música, películas, streaming, entre otros, así como impuestos a plásticos de un solo uso y para alimentos ultraprocesados.